Las peleas internas por la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) surgen en un tiempo en el que la actuación de dicha institución es crucial para el futuro político del presidente Daniel Noboa. En ese organismo se ventilan dos causas electorales cuya resolución puede resultar un alivio o más problemas para el Gobierno.
Por ahora, los jueces del TCE niegan que la remoción de Fernando Muñoz de la presidencia del TCE tenga un trasfondo político. La mayoría, integrada por los jueces Ivonne Coloma (nueva presidenta), Ángel Torres y Guillermo Ortega, argumenta que Muñoz fue separado porque había demasiadas fallas en el ámbito administrativo.
Pero lo cierto es que los tiempos coinciden con el inicio de la época electoral. Y por esta razón hay tensión en el Gobierno ante la incertidumbre de qué pasará cuando Daniel Noboa deba tomar licencia para hacer campaña y si deberá encargar la presidencia a Verónica Abad, su vicepresidenta.
La causa en la que el Gobierno tiene más expectativa es la denuncia planteada por Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en contra de Abad. Es una denuncia por una infracción electoral grave por campaña anticipada, que se sanciona con la destitución, suspensión de los derechos políticos entre seis meses y dos años, además de una multa.
Guarderas presentó esta denuncia en mayo de 2024, pero fue archivada un mes después por el juez Fernando Muñoz, entonces presidente del TCE. La decisión se tomó después de que el abogado patrocinador de Guarderas asegurara que nunca autorizó el uso de su firma en la denuncia.