La actuación de la Fiscalía en el caso Confourtable es vista como un ataque a la independencia judicial, advierten los jueces.
En un comunicado, se manifiesta la preocupación ante la posibilidad de que, frente a un fallo que no favorece a ciertos sectores, se sugiera que los jueces actuaron con parcialidad.
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) condenó con firmeza los allanamientos realizados por la Fiscalía General del Estado en las oficinas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y en las viviendas de las juezas Enma Tapia y Katherine Muñoz. La Aemaj describió las acciones de la Fiscalía, dirigida por Diana Salazar, como un ataque directo a la independencia judicial, y señaló que esta situación constituye una amenaza para la correcta administración de justicia y el respeto al Estado de derecho.
La Fiscalía inició el caso Confourtable como parte de una investigación contra las juezas Enma Tapia y Katherine Muñoz, quienes autorizaron el traslado del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, de la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil a la cárcel 4 en Quito.
El viernes 16 de agosto, alrededor de las 17:30, la Fiscalía llevó a cabo una serie de allanamientos en las oficinas de las juezas en la CNJ y en sus domicilios, bajo la sospecha de un posible delito de «cohecho».
La Aemaj sostuvo que estos allanamientos responden a intereses externos a la Función Judicial y que, por lo tanto, comprometen la integridad de los jueces y la legitimidad de sus decisiones.
La Asociación subrayó que las sentencias deben ser emitidas únicamente con base en el derecho y los hechos presentados, libres de interferencias externas que puedan comprometer la imparcialidad de los jueces. Para los magistrados, las acciones de la Fiscalía buscan influir en la justicia en favor de agendas políticas y personales. La Aemaj demandó respeto al Estado de derecho y la aceptación de las decisiones judiciales, que son el resultado de un proceso riguroso y ajustado a la ley.