El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha aceptado la denuncia presentada por la asambleísta Lucía Jaramillo, de ADN, contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por presunta violencia política de género.
Jaramillo informó que el 4 de septiembre los argumentos de su denuncia, junto con las pruebas presentadas, serán discutidos en una audiencia programada para el 20 de septiembre.
La denuncia fue presentada el 19 de agosto, después de que Álvarez se refiriera a ella como “niña vaga” y “vocera turra” del Gobierno Nacional.
Estas declaraciones surgieron tras la intervención de Jaramillo en la Asamblea Nacional, donde expuso cómo supuestamente funcionaba un “esquema de contrabando de combustibles” relacionado con la empresa de la que Álvarez y sus hermanos son accionistas.
Jaramillo, como representante del Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus Derivados, explicó que las declaraciones del alcalde incluyeron “insultos y términos denigrantes”, que, según ella, reflejan estereotipos de género y constituyen violencia política, pues no se enfocan en su trabajo, sino en su condición de mujer.
La violencia política de género, según el artículo 280 del Código de la Democracia, puede ser sancionada con una multa, destitución del cargo y suspensión de derechos políticos por un período de dos a cuatro años.
Este caso se suma a otros similares en el TCE, como el de la asesora presidencial Diana Jácome contra la vicepresidenta Verónica Abad. Además, hay otro proceso en pausa que involucra una denuncia de Abad contra el presidente Daniel Noboa y otros funcionarios.
Foto cortesía