El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha reportado al menos seis casos en los que se acusa a militares de haber cometido abusos sexuales contra personas privadas de la libertad.
De acuerdo con Billy Navarrete, director del CDH, estos incidentes se habrían producido desde la llegada de las Fuerzas Armadas a las prisiones en enero de 2024, una medida adoptada por el presidente Daniel Noboa para militarizar las cárceles en respuesta al conflicto interno.
Navarrete, en una entrevista con Ecuavisa.com, detalló que la mayoría de estos casos se habrían dado en la Penitenciaría del Litoral, el centro penitenciario más grande de Ecuador.
Entre los casos denunciados, el CDH representa a una mujer transexual venezolana, detenida en agosto de 2023 junto a otras tres mujeres transexuales por un supuesto secuestro extorsivo, tras su liberación en julio de 2024.
Alexis Jesús A. S. (nombre de la denunciante) relató que fue trasladada a una prisión masculina. En un video proporcionado por la CDH, ella comenta que el año pasado, cuando las organizaciones criminales aún dominaban la penitenciaría, fue extorsionada y obligada a prostituirse por los jefes de las bandas.
Luego señala que, cuando los soldados llegaron a esa prisión, fue sometida a humillaciones. “Los militares siempre nos tomaban fotos para subirlas porque éramos un objeto de burla para ellos”, señaló.
Y agrega un hecho en particular: cuando cuatro militares la encerraron en una especie de habitación y la violaron. “Me orinaron, me escupieron y un militar que tenía un tolete en sus manos se dispuso a meterlo en mi ano”, confesó.
Otro caso mencionado por Navarrete tuvo lugar en la cárcel El Rodeo, en Portoviejo, donde los reclusos son exclusivamente hombres. Este hecho habría ocurrido en el primer trimestre de 2024.
De acuerdo al director del CDH, estos seis presuntos casos de abuso sexual ya han sido denunciados ante la justicia.
Además del CDH, varias organizaciones sociales han advertido este año de las posibles violaciones a los derechos humanos dentro de las prisiones. En mayo, Human Rights Watch (HRW) envió una carta al jefe de Estado en la que, entre otros asuntos, denunció que “los soldados parecen ser responsables de múltiples casos de malos tratos y de algunos casos de tortura en prisión”.
El organismo lamentó además que “las autoridades parecen haber tomado pocas medidas para prevenir violaciones de los derechos humanos o garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones”.
En un informe presentado también en mayo, la Defensoría del Pueblo contabilizó 24 fallecimientos de presos en diversas cárceles del país entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, “por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura. Así también, existen alertas del deceso de reos con signos de desnutrición”.
El gobierno de Noboa ha reafirmado su apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aunque organizaciones como HRW han criticado la falta de medidas efectivas para prevenir y sancionar estos abusos. Según el SNAI, los militares no están presentes en todas las prisiones del país, pero no se ha especificado en cuáles permanecen.
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