El Concejo Metropolitano de Quito conoció y analizó el viernes 24 de julio, en primer debate, el proyecto de Ordenanza Metropolitana sobre el Régimen Tarifario aplicable a la integración de los subsistemas del Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros de la capital.
En dicha sesión, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfatizó que “no se subirá un centavo el valor del pasaje al ciudadano, mientras no haya mejoras en el servicio”. Esto, tras presentar el proyecto que busca garantizar la continuidad del transporte e impulsar un sistema más moderno, tecnológico y seguro.
Indicó que, a mitad del próximo año, los transportistas tendrán que incorporarse al Sistema Integrado de Recaudo y que después de 70 años se debe cambiar el modelo de gestión para tener un servicio que se pueda compensar por kilometraje.
“Solo así vamos a cambiar. Hay que entender que la tecnología ahora está siendo más utilizada por los quiteños que usan el transporte y son quienes exigen que las mejoras implementadas en el transporte municipal pasen al transporte convencional”, mencionó.
Durante el debate, algunos concejales intentaron frenar el tratamiento de la propuesta. El edil Andrés Campaña presentó una moción para archivar el proyecto de ordenanza; sin embargo, la iniciativa no prosperó al obtener únicamente cuatro votos a favor, diez en contra y dos abstenciones.
La sesión, que se extendió por más de tres horas, contó con la participación de 22 personas, entre concejales y representantes de la ciudadanía, quienes expusieron observaciones y aportes que serán incorporados al proyecto antes de la elaboración del informe para segundo debate por parte de la Comisión de Movilidad.
El representante del transporte urbano, Jorge Yánez, sostuvo que la normativa permitiría alcanzar un equilibrio financiero para el sistema y mantener tarifas socialmente justas.
Mientras que la coordinadora nacional del Observatorio de Discapacidades, Trabajo, Salud Pública y Derechos Humanos, Gabriela Condo, señaló que mejorar el transporte público es una responsabilidad compartida entre las autoridades, los transportistas y la ciudadanía.
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