Un informe del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), denominado ‘Alerta en la justicia: Riesgos para la independencia de jueces y abogados’, da a conocer que, entre enero y agosto de 2026, el sistema de monitoreo de la organización registró 253 alertas vinculadas a la situación de la independencia judicial y otros asuntos de interés público en materia de justicia en Ecuador.
Indicó que dicha cantidad rebasó el consolidado del 2025, lo cual refleja un acelerado menoscabo en la legitimidad, institucionalidad y autonomía de los organismos del sistema judicial, debilitando progresivamente su rol protector y de contrapeso democrático.
Detalló que, del total de alertas levantadas en este año, 106 corresponden a la categoría de Independencia Judicial; 52 sobre la Renovación del Fiscal General del Estado; 36 en Justicia y DDHH; 19 en Atentado; 11 en Corrupción judicial; 7 en Justicia electoral; 5 en Hostigamiento a abogados; 5 en Justicia constitucional; entre otros.
“Si bien los picos de mayor concentración se registraron en los meses de enero y febrero —coincidiendo con las tensiones institucionales en torno a la presidencia y sucesión del Consejo de la Judicatura—, la problemática mantuvo una relevancia constante durante los meses posteriores. En dicho lapso, las nuevas alertas se vincularon de manera directa con las acciones de hostigamiento dirigidas a los operadores de justicia documentadas en este informe”, mencionó el documento.
Entre los casos más relevantes se encuentran las represalias contra jueces que han intervenido en el “Caso Goleada”; el de los jueces nacionales Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco; el de la jueza Daniela Ayala; la Persecución a abogados en casos de interés político, entre otros.
Según el informe del ODJ, los acontecimientos descritos evidencian un patrón sistemático y preocupante de hostigamiento y persecución en contra de abogados y operadores de justicia.
Señaló que esta problemática se desencadena cuando, dentro del ejercicio legítimo e independiente de sus atribuciones, estos actores intervienen o emiten fallos en causas judiciales con un alto impacto político.
“La intensificación de esta conducta atenta directamente contra la independencia judicial, menoscaba los derechos de juezas y jueces, incumple las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano y profundiza el deterioro institucional que debilita el sistema democrático del país”, expresó.
Foto Cortesía