Un juez de la Unidad Anticorrupción resolvió este martes 15 de septiembre de 2026 llamar a juicio a 25 personas procesadas por presunto peculado en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas. La decisión se tomó tras analizar los elementos recabados durante la etapa de instrucción fiscal, en una investigación impulsada por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
El caso se originó en marzo de 2022, luego de una denuncia ciudadana relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de un proyecto valorado en alrededor de USD 12 millones para la construcción y ampliación de los muelles portuarios.
Según la investigación fiscal, funcionarios de la entidad habrían beneficiado a una empresa extranjera que obtuvo el contrato pese a no contar con domicilio fiscal en Ecuador ni mantener un Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo. La Fiscalía sostiene que esto habría incumplido las condiciones establecidas en los pliegos del proceso de contratación.
Entre los llamados a juicio se encuentran exgerentes de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas y funcionarios que participaron en distintas etapas del proyecto, desde la fase precontractual hasta su ejecución. También figuran representantes y trabajadores de la compañía contratista, así como otras personas señaladas por su presunta participación en las operaciones investigadas.
De los 25 procesados, 22 mantienen medidas cautelares que no implican prisión, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades y la prohibición de abandonar Ecuador.
En cambio, Addis A., Bronny A. y Julio G. tienen órdenes de prisión preventiva. Su juzgamiento permanecerá suspendido mientras continúen prófugos de la justicia.
El proceso tuvo varios hitos desde su inicio. En enero de 2023 se realizaron allanamientos; en octubre de ese mismo año, la Fiscalía formuló cargos contra 12 personas y, el 1 de febrero de 2024, vinculó a otros 18 procesados. Durante la tramitación de la causa se registraron más de 10 diferimientos solicitados por las defensas.
La investigación se sustenta en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena de entre 10 y 13 años de prisión para el delito de peculado cuando se comprometen recursos públicos.