La Asamblea Nacional abrió un proceso de fiscalización a raíz de la decisión del Consejo de la Judicatura de modificar las dependencias judiciales especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado. Con una resolución aprobada por la mayoría del Pleno, el Legislativo dispuso revisar las razones técnicas y administrativas que sustentaron la reorganización de estos juzgados.
La resolución recibió 85 votos favorables durante la sesión del Pleno. La propuesta contó con el respaldo de los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN), sus bloques aliados y el Partido Social Cristiano (PSC).
El asambleísta Xavier Ordóñez, quien planteó la moción, señaló que la eliminación o reestructuración de unidades especializadas para investigar y juzgar delitos de corrupción y crimen organizado requiere explicaciones y una revisión por parte de la Función Legislativa.
Según Ordóñez, corresponde a la Asamblea analizar los documentos e informes que sirvieron como fundamento para adoptar la medida, dentro de las facultades de control que establece la ley.
La investigación estará a cargo de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Esta mesa legislativa deberá examinar la resolución emitida por el Consejo de la Judicatura el 7 de septiembre de 2026.
Entre los aspectos que serán revisados están los antecedentes de la decisión, los informes técnicos y estudios de viabilidad utilizados para justificar la supresión y reubicación de los despachos especializados. También se analizará si el procedimiento aplicado para aprobar la medida cumplió con las disposiciones legales correspondientes.
Como parte del proceso, la Comisión de Justicia podrá requerir información adicional y documentos a las instituciones involucradas para complementar el análisis.
Los legisladores también podrán convocar a autoridades, funcionarios públicos, representantes institucionales, abogados y especialistas para que expongan sus criterios y expliquen los elementos que sustentaron las decisiones cuestionadas.
El proceso de fiscalización se fundamenta en la facultad constitucional de la Asamblea para ejercer control sobre las actuaciones de las distintas funciones del Estado. Además, se invoca el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relacionado con actuaciones públicas que generen conmoción ciudadana.
Una vez recopilada la documentación y escuchadas las partes involucradas, la Comisión de Justicia deberá elaborar un informe final. El documento será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional e incluirá las conclusiones, observaciones y recomendaciones que resulten del proceso de fiscalización.