El presidente Daniel Noboa, en una cadena nacional, anunció que tomará medidas contra el financiamiento de «grupos narcoterroristas» tras detectar 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en Ecuador. Noboa aseguró que su Gobierno no ignorará las actividades de estos grupos y combatirá sus fuentes de financiamiento.
Según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. El mandatario, en una cadena nacional de radio y televisión que duró unos 95 segundos, habló sobre la presencia de cultivos de coca en Ecuador, utilizados para la elaboración de cocaína. Estimó que estas plantaciones comenzaron hace aproximadamente tres años, basándose en informes de expertos, aunque no precisó su ubicación ni otros detalles.
La cifra representa un incremento considerable en comparación con 2011, cuando la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que en Ecuador existían 13 hectáreas de cultivos de coca, menos del 0,04% de las 51.100 hectáreas existentes a nivel regional en ese entonces.
Noboa también mencionó que se ha obtenido información sobre zonas de minería ilegal cerca de la frontera con alta contaminación de mercurio. En su mensaje a los grupos narcoterroristas, afirmó que no se hará de la vista gorda y que su Gobierno cerrará las puertas que el pasado les abrió para convertir a Ecuador en un país productor de coca. Añadió que el 11 de octubre, las Fuerzas Armadas ya comenzaron operaciones en las plantaciones y continuarán luchando por proteger el territorio.
El presidente destacó que cada hectárea de coca equivale a un valor comercial de USD 160.000. Hasta ahora, Ecuador no era considerado un país productor de coca, aunque en los últimos años se ha convertido en un puente para el envío de droga.
Y pese a que las autoridades han anunciado que se ha reducido el nivel de violencia que se registró en el país en años pasados, Ecuador aún soporta una oleada de crímenes, extorsiones, robos y otros delitos atribuidos a bandas de delincuentes, a los que el Gobierno los ha calificado de «terroristas».
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