Cinco meses después de que el Gobierno reportara posibles irregularidades en dos contratos de radares viales adjudicados por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el problema aún persiste. Los consorcios involucrados, Seviecu y Ecutransit, cuyo contrato fue suspendido, han entrado en arbitraje. Los contratos, asignados en julio de 2023 durante el gobierno de Guillermo Lasso, preveían la instalación de 232 radares. Hasta la suspensión en junio de 2024, Seviecu había instalado tres radares y Ecutransit, 36.
Los consorcios, respaldados por un informe de la Procuraduría que valida el proceso de delegación, se defienden y exigen que la CTE responda por las acusaciones. Pedro Maldonado, gerente de Seviecu, denuncia la suspensión como arbitraria y sin base legal, activando la cláusula de resolución de disputas. La CTE no asistió a la mediación, y ahora están en fase de arbitraje, lo que podría resultar en una indemnización estatal.
Maldonado explica que la denuncia de Neira se basa en una investigación que afirmaba la necesidad de aprobación de la Secretaría de Alianzas Público Privadas, lo cual la Procuraduría descartó. Además, Maldonado critica la afirmación de Neira sobre el destino de los recursos de multas, señalando que era competencia de la CTE, no de los consorcios.
Hasta la suspensión, Seviecu no ha cobrado ninguna multa y ha invertido más de USD 1,5 millones. La falta de notificación de muchas multas ha perjudicado tanto al Estado como a Seviecu, según Maldonado, lo cual fue informado a la Contraloría.
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