Arcotel la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, emitió el comunicado de la extinción del título habilitante a Cable Andino S.A por irregularidades detectadas en su adjudicación, determinando su suspensión del permiso. Esto generó una reacción en cadena, por la razón de que esta empresa es el proveedor de la empresa Telconet, empresa que provee el internet a gran parte del territorio ecuatoriano.
En la página web de Telconet se refieren a los planes de la empresa de expandirse, en la conectividad, usando una conectividad digital proveniente de cables submarinos para el año 2025. En Gerente General de Telconet Ing. Tomislav Topic menciona su estrategia para centros de datos y la adopción de tecnología en una nube, con el fin de fortalecer la infraestructura de comunicaciones, local e internacionalmente. Este cable submarino sería el CSN1, que mejoraría la rapidez de navegación y asegurando la conectividad pese a cualquier evento climático desfavorable, soportada por la inteligencia Artificial.
La empresa Cable Andino presenta problemas desde 2019, la Contraloría General del Estado lo evidencia en su portal web, y en la entrada de ingresos en los años de 2015 y 2016 de la compañía, resolución que Arcotel ha comunicado en sus redes sociales.
Debido a la resolución Nro. ARCOTEL-2024-0269, que se presenta como la resolución para Cable Andino. Pero el documento no es el mismo que ha sido viralizado, como la resolución. El documento que se encuentra en la página web de Arcotel, en el mes de mayo, https://www.arcotel.gob.ec/resoluciones. No refleja eso, la resolución señalada por Arcotel, se refiere al Título Habilitante de Autorización de operación de Red Privada y Uso de Frecuencias del espectro radioeléctrico, del Gobierno Municipal del Cantón Morona.
Esta resolución de parte de Arcotel, deja como primer afectado a Telconet, y afecta a la disponibilidad del internet para gran parte del Ecuador, y la respuesta la dan por un comunicado en su red social X. Calificando de «ilegítima e ilegal, (…) y que pone en riesgo el servicio de gran parte del Internet del Ecuador, (…) tiene una clara connotación política, por lo que ejerceremos todas las acciones que nuestro ordenamiento jurídico nos permita proteger el derecho de nuestros clientes».
