El abogado Lenin V. fue el primer procesado en el caso Plaga en recibir una sentencia tras acogerse al procedimiento abreviado, lo que le permitió obtener una pena reducida. La audiencia se llevó a cabo el 21 de enero de 2025 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). En este proceso, Lenin V. aceptó su responsabilidad como autor del delito de delincuencia organizada, lo que resultó en una pena más baja gracias a su colaboración con las autoridades.
El caso Plaga ha puesto en evidencia una extensa red de corrupción que involucra a 31 personas, entre ellas jueces, abogados, policías y otros funcionarios públicos. Estos individuos están acusados de otorgar de manera ilegal acciones constitucionales a personas privadas de libertad. El proceso judicial comenzó el 21 de enero con la audiencia de 11 procesados que, al igual que Lenin V., se acogieron al procedimiento abreviado tras admitir su participación en estos delitos.
Lenin V. fue condenado a 27 meses de prisión por su implicación en la red criminal. Además de la pena de cárcel, deberá pagar una multa de 18.400 dólares y una reparación integral por un monto de 200.109 dólares. La Fiscalía presentó un total de 58 pruebas en su contra, las cuales demostraron su participación en el esquema de corrupción que fue desmantelado como parte del caso Plaga.

A lo largo del proceso, Lenin V. cooperó con las autoridades proporcionando información valiosa que permitió identificar a otros miembros de la red criminal. Esta colaboración eficaz fue un factor clave para que recibiera una pena reducida. Además, su cooperación también ha ayudado en el avance de otras investigaciones relacionadas con actividades ilícitas, lo que ha permitido esclarecer aún más el alcance de las operaciones delictivas.
Además de su sentencia en el caso Plaga, Lenin V. fue también condenado en diciembre de 2024 por lavado de activos, en un caso vinculado a una facción de la organización criminal «Los Lobos». En este proceso, se descubrió que Lenin V. había blanqueado más de 158.000 dólares mediante diversas operaciones financieras, como la adquisición de propiedades y viajes al extranjero sin justificación económica legítima. Su implicación en este delito refuerza su papel dentro de las estructuras criminales que operaban en el país.