Cerca de la medianoche del viernes 17 de abril, la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, llamó a juicio a siete personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, dentro del denominado Caso Ligados.
Entre los procesados están el excandidato presidencial por la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz; la exasambleísta Esther Cuesta; la consejera de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz; los exconsejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; y exsuperintendente de Bancos, Raúl González.
En el desarrollo de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, Fiscalía presentó su dictamen acusatorio, sustentado en múltiples elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal.
La Fiscalía indicó que esta causa se sigue por el delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
A través de su cuenta de X, Bonifaz manifestó que el llamado a juicio no la amedrenta, y que, por el contrario, la motiva a seguir denunciando lo que la mayoría del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, hace para complacer al poder de turno.
“Entre gallos y medianoche, sin pruebas y con un claro afán de silenciar a quienes denuncian sus ilegalidades, hoy, la justicia vuelve a ser herramienta de persecución ilegal e injustificada. Esto no silenciará mi voz ni detendrá mi lucha. Seguiré firme, con la misma entereza y valentía, defendiendo un país más justo”, indicó.
Por su parte, David Ochoa, abogado de Andrés Arauz, cuestionó el criterio de la Fiscalía, recordando que en casos anteriores no se investigó la presunta injerencia en el Consejo de Participación Ciudadana al considerarse una práctica política.
Confirmó que Arauz fue llamado a juicio en calidad de autor, por lo que el caso pasará a un tribunal conformado por tres jueces. Tras ello, dijo que la estrategia de defensa será demostrar que las acciones atribuidas no constituyen infracción penal.
Acotó que se mantienen las medidas cautelares, incluyendo la presentación periódica mensual.
El caso Ligados se originó en enero de 2025, a partir de una denuncia presentada por el actual superintendente, Roberto Romero Von Buchwald, en contra de los exconsejeros del Cpccs Verduga, Saltos y Franco Loor.
Ellos, junto a Nicole Bonifaz, votaron a favor de ratificar la designación de Raúl González como superintendente de Bancos para el periodo 2022- 2027, desconociendo la nueva designación de Romero, que se produjo en diciembre de 2024.
González había sido designado superintendente de Bancos en 2022, Pero su designación y posterior posesión en la Asamblea Nacional fue anulada por una acción de protección en contra del procedimiento en el Cpccs.
En diciembre de 2024, González ganó parcialmente una acción extraordinaria de protección de la Corte Constitucional (CC), que determinó que no debían prohibirle asumir el cargo.
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