La Corte Constitucional de Ecuador decidió establecer una comisión interinstitucional para implementar medidas contra la inseguridad en el país, al validar el nuevo decreto de estado de excepción emitido por el presidente Daniel Noboa. Este fallo fue emitido el 28 de febrero de 2025, y la Corte aprobó el Decreto Ejecutivo 493, que declara el estado de excepción por 60 días en varias provincias y regiones del país, incluyendo Guayas, Los Ríos, Manabí, y otras áreas. La resolución también involucra la situación de las cárceles nacionales.
El dictamen fue aprobado por mayoría, con seis votos a favor y tres en contra, en los que se ratificó la creación de una Comisión Interinstitucional. Esta comisión será responsable de coordinar, planificar e implementar medidas estructurales dirigidas a combatir la violencia y el crimen organizado en el país. La Corte estableció un plazo improrrogable de 20 días para que varias instituciones clave, como la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y las Fuerzas Armadas, se involucren en este proceso.
Además, la Corte aprobó la constitucionalidad del decreto en relación con la grave conmoción interna, con la excepción de dos puntos específicos: el cantón La Troncal y las prisiones del país. Sin embargo, el tribunal declaró inconstitucional la causal de conflicto armado interno, argumentando que no se cumplieron los requisitos de organización e intensidad necesarios para clasificarlo como tal. Este fallo refleja la complejidad de la situación en Ecuador y las limitaciones legales para justificar una medida tan extrema.
En cuanto a las medidas adoptadas bajo el estado de excepción, la Corte ratificó la suspensión de ciertos derechos, como la inviolabilidad del domicilio (limitada a allanamientos) y de la correspondencia. También aprobó una suspensión focalizada del derecho a la libertad de tránsito en las zonas más afectadas. Estas decisiones apuntan a una respuesta más contundente ante la creciente inseguridad, aunque dentro de los límites establecidos por la Constitución.
Por otro lado, la Corte exhortó a la Fiscalía General del Estado y a otras autoridades competentes a investigar con diligencia y rapidez todos los casos de violencia ocurridos durante el estado de excepción. Además, pidió que se determinen responsabilidades y se sancionen los actos que atenten contra la vida y la integridad de las personas. El fallo fue aprobado en sesión ordinaria el 21 de febrero de 2025, con los votos a favor de seis jueces y en contra de tres.