Mayoría del CNE aprueba informe jurídico que recomienda prohibir uso de celulares y otros aparatos electrónicos durante el sufragio, a un mes de la segunda vuelta de las elecciones 2025 en Ecuador.
La disposición también se aplica a los miembros de las juntas receptoras del voto, quienes después del cierre de la jornada electoral a las 17:00, no podrán utilizar los dipositivos electrónicos. A excepción de uno solo de los miembros que utilizará la herramienta para poder resolver operaciones matemáticas relacionadas con el conteo de votos con más facilidad.
Elena Najera, consejera del CNE, se pronunció en contra de la resolución ya que la consideró como carente de legalidad e inconstitucional. Además de señalar que es producto de las presiones del gobierno actual. Tras estas declaraciones, la consejera abandonó la sesión que se realizó en formato virtual.
Otro de los consejeros, José Cabrera indicó que la resolución responde a los informes que entregó inteligencia policial en los que se evidenciaron denuncias de extorsión a los electores durante la jornada del pasado 9 de febrero de 2025.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, mencionó «que porquería, pero no importa. Igual se van, incluidos los del CNE. Quedarán en el basurero de la historia los 3 que votaron a favor de este mamotreto».
Mientras el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, indicó «¡Grave e inconstitucional decisión del CNE!. Prohibir los celulares en las elecciones atenta contra la transparencia y la democracia. La falta de registro, evidencia y confianza golpeará la legitimidad de quien gane. Lo más grave es impedir el control electoral de ambas candidaturas. Las últimas victorias han sido con estrecho margen y en ese contexto elecciones limpias son esenciales para evitar más polarización. ¡El pueblo tiene derecho a vigilar su voto!».
«La decisión espuria e inconstitucional del @cnegobec vía reglamento carece de toda eficacia jurídica, el art. 117 CRE prohíbe reformas en material electoral un año antes a las elecciones. Como asambleísta tengo la facultad de interpretar las leyes, y no pretendo acatar prohibiciones que no estén en el COIP y en el Código de la Democracia. Han roto el principio de reserva de ley. ¡Basta de tanta arbitrariedad!», mencionó la asambleístas, Paola Cabezas.