Ecuador enfrenta un aumento exponencial de secuestros, con informes oficiales que indican un repunte de casos desde enero del 2025. Esta alarmante estadística excluye los incidentes no denunciados, lo que sugiere una prevalencia real más alta. Cabe destacar que la tasa de homicidios del país ha aumentado, colocando a Ecuador entre los tres países más violentos de Latinoamérica, junto con Venezuela y Honduras.
El aumento de secuestros forma parte de una escalada más amplia de las actividades delictivas en todo Ecuador. Los grupos del crimen organizado controlan barrios, reclutan menores y extorsionan. Estos grupos también han atacado a funcionarios públicos, incluyendo jueces y fiscales, lo que desestabiliza aún más el panorama de seguridad del país.
El impacto de estos delitos va más allá de las estadísticas, afectando profundamente la vida cotidiana e infundiendo temor en la ciudadanía. Los sobrevivientes de secuestros relatan experiencias desgarradoras que dejan secuelas físicas y psicológicas duraderas. La naturaleza generalizada de estos delitos ha provocado desplazamientos internos generalizados, obligando a miles de personas a huir de sus hogares para escapar de la violencia.
En respuesta a la escalada de la crisis, el gobierno declaró el estado de emergencia (EEE) por 30 días el 3 de marzo de 2025 debido a disturbios internos y violencia armada. El EEE se aplica actualmente a varias provincias, entre ellas Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Orellana, Sucumbíos, Los Ríos, el Distrito Metropolitano de Quito (provincia de Pichincha) y el cantón de Camilo Ponce Enríquez (provincia de Azuay). Sin embargo, los órganos constitucionales han cuestionado la legalidad de estas medidas, alegando pruebas insuficientes para justificarlas.
Al 21 de marzo de 2025, la situación de seguridad sigue siendo crítica. Los ecuatorianos siguen padeciendo las consecuencias de la delincuencia desenfrenada, con secuestros y otros actos violentos que perturbaban a las comunidades de todo el país. La opinión pública manifiesta que requiere un enfoque optimizado, que combine medidas de seguridad inmediatas con reformas institucionales a largo plazo para restablecer la seguridad y la justicia en todo el país.