La Corte Constitucional prioriza análisis de demanda sobre restricción de celulares en elecciones
La Corte Constitucional ha decidido otorgar prioridad a la demanda presentada en contra de una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que prohíbe el uso de teléfonos celulares dentro de los recintos de votación. La determinación fue adoptada el 27 de marzo de 2025 durante una sesión extraordinaria del pleno, según consta en la providencia firmada por el juez Richard Ortiz Ortiz.
El recurso fue interpuesto por el Coordinador de la Asamblea Permanente por la Defensa del Patrimonio Nacional, quien actúa como accionante en el caso. En el documento oficial, se establece que la causa recibirá un tratamiento preferente mediante una alteración del orden cronológico de resolución, conforme al reglamento interno de la Corte.
Bajo la identificación 23-25-IN, la demanda ha sido admitida a trámite como una acción pública de inconstitucionalidad. Como parte del procedimiento, la Corte notificará del proceso al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General del Estado.
Impugnación a la restricción del CNE sobre celulares en los recintos de votación
La demanda surge en respuesta a la resolución PLE-CNE-2-13-3-2025, emitida por el pleno del CNE, en la que se establecen limitaciones al uso de teléfonos móviles durante la jornada electoral.
El demandante argumenta que esta restricción podría vulnerar derechos constitucionales fundamentales, como la transparencia y la participación ciudadana en el proceso electoral. La Corte deberá determinar si la medida adoptada por el CNE contradice principios establecidos en la Constitución y en el marco legal vigente.
Desde la perspectiva del accionante, la prohibición podría afectar la posibilidad de documentar eventuales irregularidades en el proceso de votación. La Asamblea que impulsa la demanda sostiene que los ciudadanos tienen el derecho de registrar su entorno y contribuir a la vigilancia del sufragio.
El análisis constitucional se centrará en determinar si estas limitaciones atentan contra los principios democráticos y podría generar precedentes para futuras elecciones en el país.
Mecanismo de tratamiento prioritario activado por la Corte Constitucional
Para garantizar una pronta resolución, la Corte Constitucional aplicó un mecanismo de priorización, modificando el orden de atención de causas de acuerdo con los artículos 7.2 y 7.3 de su reglamento interno.
El caso fue asignado mediante sorteo automatizado el pasado 17 de marzo y, posteriormente, en la sesión extraordinaria del 27 de marzo, se resolvió dar trámite urgente a la demanda.
Como parte del procedimiento, se designó a la abogada Alisson Ortiz Peralta como actuaria encargada de la causa, quien tendrá la responsabilidad de coordinar la elaboración del proyecto que será sometido al Pleno de la Corte.
Asimismo, se solicitó a las partes involucradas proporcionar sus direcciones de correo electrónico para agilizar las notificaciones. La Corte recordó que los documentos y escritos podrán presentarse tanto en formato digital como en físico a través de la ventanilla correspondiente.