El proceso jurídico en contra de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, fue llevado a cabo en base a errores, apresuramientos y negligencias, así lo admitió la Fiscalía con sus propios actos. COPEDESA SA fue procesada usando facturas pertenecientes a GASGROUP COPEDESA SA (empresa sin ninguna relación con el caso), lo que significa que todo lo que se ha formado sobre esta base no posee ninguna validez jurídica.
Este error no es una simple equivocación, es una fuerte demostración de que la Fiscalía nunca comprendió el caso que pretendía sostener, que no sabía con seguridad a quién estaba procesando, y que el odio y negligencia fueron parte de su actuar al momento de armar la acusación.
Además, hay que agregar el principio de non bis in idem establecido en el Art. 76 de la Constitución, que impide que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos. Este caso no puede ser reiniciado bajo las mismas acusaciones y disfrazado de combustible, lavado de activos ni ninguna otra figura legal relacionada.
Finalmente, se debe reconocer que al no tener pruebas ni teorías del caso, esto implica que el Caso Triple A se derrumba debido a su ineficiente estructura y base legal.