La alcaldesa de Archidona, Amada Grefa, quien llegó al Municipio con el auspicio de la alianza partidista del Partido Sociedad Patriótica – Lista 3, Avanza – Lista 8, Movimiento CREO – Lista 21, y Antisuyo Ushito – Lista 61, causó revuelo político tras expresar públicamente su apoyo a la reelección del presidente Daniel Noboa de cara a las elecciones del 13 de abril de 2025. Sus declaraciones, realizadas durante un acto oficial y ampliamente difundidas en redes sociales, incluyen un llamado directo a la ciudadanía a votar por Noboa, lo que genera inquietudes legales según la normativa electoral ecuatoriana.
Según el artículo 278 del Código de la Democracia, los funcionarios públicos tienen prohibido realizar proselitismo o intentar influir en el voto público mientras ocupen el cargo. La ley busca garantizar la neutralidad de la administración pública y salvaguardar la integridad de los procesos electorales. Las acciones de Grefa podrían tipificarse como delito electoral grave, sujeto a sanciones que van desde amonestaciones hasta la destitución.
El caso se ha puesto en conocimiento público mediante denuncias formales, lo que ha provocado la respuesta de los organismos de control electoral. Se espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado inicien una investigación para determinar las consecuencias legales de la conducta de Grefa. Estos organismos son responsables de evaluar si sus declaraciones violan el principio de neutralidad exigido a los servidores públicos durante períodos electorales.
La controversia ha generado debate entre analistas políticos y ciudadanos. Algunos argumentan que Grefa simplemente ejerce su libertad de expresión, mientras que otros insisten en que, como funcionaria pública, debe separar sus preferencias políticas personales de sus funciones oficiales. El incidente también pone de relieve las tensiones más amplias en el período previo a las elecciones, con un mayor escrutinio sobre las acciones de los funcionarios públicos.
A medida que se acerca el día de las elecciones, el resultado de la investigación sobre las declaraciones de Grefa podría sentar un precedente para casos similares. La respuesta de las autoridades será seguida de cerca como una medida del compromiso de Ecuador con la defensa de los principios democráticos y la equidad electoral.