El activista político y periodista ecuatoriano, Carlos Vera, admite públicamente haberse reunido con alias Rasquiña, exlíder de la notoria agrupación terrorista de «Los Choneros», durante el gobierno del presidente Lenín Moreno. En una entrevista en un programa de radio, Vera revela que se reunió en Manta para negociar por su propia seguridad, temiendo por su vida ante las crecientes amenazas. Esta revelación ha generado una gran controversia, y muchos cuestionan la naturaleza de la reunión y sus implicaciones.
La confesión de Vera se centra en la afirmación de que fue a negociar directamente con Rasquiña, también conocido como JL por sus seguidores, para llegar a un «pacto» en un momento en que la situación de seguridad en Ecuador se deterioraba, con la creciente influencia de las organizaciones criminales. Insinúa que se trató de una medida desesperada, impulsada por el temor a un asesinato, y afirma que el gobierno de entonces, en particular el de Lenín Moreno, tenía poco control sobre el entorno criminal.
Sus declaraciones sugieren que el gobierno no abordó el poder de los GDO y que las autoridades, incluyendo figuras como María Paula Romo, no estaban tomando las medidas suficientes para combatirlas. Los críticos han suscitado sospechas sobre la naturaleza de la reunión, cuestionando si las acciones de Vera equivalieron a negociar con un narcotraficante o incluso a acuerdos con organizaciones criminales. La sugerencia de que figuras públicas podrían haber llegado a acuerdos con líderes de la mafia ha generado indignación en algunos círculos políticos y ciudadanos, especialmente a la luz de los altos niveles de violencia e impunidad asociados con los grupos delincuenciales en Ecuador.
A pesar de las graves acusaciones en torno a su reunión con JL, no se han solicitado allanamientos ni investigaciones sobre las acciones de Vera, lo que ha aumentado la frustración pública. Algunos han señalado el aparente doble rasero en la aplicación de la Ley, en particular en lo que respecta a figuras de alto perfil y sus vínculos con elementos criminales. Esta situación ha generado una mayor preocupación por el nivel de corrupción y la incapacidad del gobierno ecuatoriano para combatir eficazmente el crimen organizado.
La controversia sobre las declaraciones de Vera continúa, y muchos piden una mayor investigación sobre su reunión con Rasquiña y cuestionan el papel de los gobiernos anteriores, en el fomento de un entorno propicio para tales negociaciones. A medida que evoluciona la situación, los pedidos de rendición de cuentas, tanto por parte de figuras políticas como de los medios de comunicación, continúan intensificándose.