La fiscal Diana Salazar continuará en el cargo tras la finalización de su mandato este 8 de abril de 2025, gracias a un dictamen vinculante de la Procuraduría General del Estado (PGE). El documento, confirma que Salazar podrá permanecer en el cargo indefinidamente hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designe a un nuevo Fiscal General. La decisión final sobre su permanencia o dimisión recae en ella, aunque aún no se ha pronunciado públicamente al respecto.
El dictamen de la PGE, de fecha 26 de febrero de 2025, confirma que un funcionario del Poder Judicial puede prorrogar su mandato hasta que se nombre a un sustituto legal. El dictamen se emitió en respuesta a una consulta formal realizada por la propia Salazar. Si bien el Código Orgánico de la Función Judicial establece el mandato del Fiscal General en seis años, la ley también permite una prórroga temporal si se retrasa el nombramiento de un sucesor, como ocurre actualmente.
Desde que asumió el cargo durante el controvertido período conocido como el «Trujillato», Salazar ha recibido tanto elogios como críticas por su gestión. Mientras algunos destacan su labor en casos de corrupción de alto perfil, otros la acusan de parcialidad política y mala conducta. Los críticos argumentan que extender su mandato sin rendir cuentas públicamente podría profundizar la desconfianza en el sistema judicial, especialmente en el clima político actual.
El CPCCS, órgano responsable de nombrar al sucesor de Salazar, se encuentra actualmente paralizado por disputas internas. Tras la destitución en enero de 2025 de tres miembros afines al expresidente Rafael Correa, el Consejo permanece incompleto. Aunque dos nuevos miembros han asumido sus cargos, el séptimo escaño sigue en disputa legal entre David Rosero y Oscar Ayerve. Hasta que la Asamblea Nacional resuelva ese escaño, el concurso para elegir al nuevo Fiscal General no puede continuar.
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, advierte que proceder con el proceso de selección sin un consejo en pleno podría resultar en futuras nulidades legales. Este estancamiento político e institucional no solo prolonga el mandato de Salazar, sino que también reaviva el debate sobre la transparencia e independencia del sistema judicial ecuatoriano. Por ahora, todas las miradas están puestas en Salazar mientras el país espera su decisión.