Diana Salazar Méndez, actual Fiscal General del Estado de Ecuador, anuncia que permanecerá en su cargo más allá del final de su sexenio, junto con el Fiscal General Adjunto Wilson Toainga Toainga, hasta que sus sucesores sean nombrados oficialmente. La decisión, compartida el 8 de abril de 2025 mediante un vídeo publicado en las redes sociales de la institución, se basa en una consulta interna con la Fiscalía General del Estado, que estableció que los funcionarios judiciales pueden permanecer en sus cargos hasta su reemplazo legal. Sin embargo, esta prórroga se produce en medio de crecientes críticas sobre su actuación durante su mandato.
A lo largo de su administración, Salazar no ha impulsado casos importantes que muchos consideran de alto interés público. En cambio, su gestión se ha caracterizado por centrarse en casos con motivación política, en particular contra líderes y simpatizantes del correísmo. Los críticos también señalan que no ha investigado ni actuado en asuntos controvertidos, como el caso de El Padrino que involucra la corrupción del expresidente Guillermo Lasso, a pesar de las crecientes sospechas y la preocupación pública.
El fiscal adjunto Toainga enfatiza la necesidad de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) complete el proceso de selección para reemplazarlos legalmente. Sin embargo, las demoras en este proceso han prolongado el mandato de Salazar, una situación que no ha sido ampliamente cuestionada por las autoridades. Empero, muchos ciudadanos se mantienen escépticos y frustrados, al observar la falta de acción en casos de corrupción e impunidad no relacionados con la oposición política.
Si bien el CPCCS aprobó su reglamento en 2024 y creó una veeduría ciudadana de más de 540 personas, aspectos importantes del proceso de concurso, como los criterios para evaluar a los miembros de la comisión, siguen sin definirse. Este vacío legal ha permitido convenientemente que Salazar y su vicepresidenta continúen en sus cargos sin presiones de la clase política. Mientras tanto, la ciudadanía en general recibe poca claridad sobre cuándo se llevará a cabo un proceso de reemplazo adecuado y justo.
En este contexto, la Fiscalía General insiste en que continúa garantizando el acceso a la justicia. Además, muchos ecuatorianos creen que la justicia no se ha aplicado de manera equitativa bajo el liderazgo de Salazar. En cambio, afirman que la institución se ha utilizado como herramienta política en lugar de como defensora neutral de la ley. Con el proceso de selección aún incompleto y la confianza pública erosionada, la prolongada permanencia de Salazar en el cargo plantea inquietudes sobre la independencia y la rendición de cuentas institucionales.