El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador decide no abrir investigación interna por los audios relacionados con el llamado Caso Ligados, que involucra al exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga. Con cuatro votos a favor y solo uno en contra, la mayoría de los jueces optó por cerrar el asunto sin investigar el contenido de las grabaciones, que sugieren articulaciones políticas con miembros del tribunal.
Las grabaciones, encontradas en los teléfonos de Verduga, indican posibles negociaciones con el expresidente Rafael Correa para favorecer a la llamada «Liga Azul», incluso mencionan la presencia de dos informantes dentro del propio TCE, uno de ellos el actual secretario de la institución. La revelación levanta sospechas sobre la imparcialidad del tribunal y la infiltración de intereses políticos en sus decisiones.
Durante la sesión, el ambiente es altamente hostil. El secretario del Tribunal, Milton Paredes, comparece y niega cualquier vinculación con la filtración de información, presentando una carta a la fiscal Diana Salazar y un certificado que acredita su no afiliación a partidos políticos. Pide que se esclarezcan las acusaciones con base en hechos concretos.
El director jurídico del TCE recomienda al Pleno que, en lugar de abrir una investigación, sólo se realicen reuniones informativas a los trabajadores, con orientaciones sobre el Código de Ética y el manejo de información confidencial. La propuesta fue presentada por el juez Guillermo Ortega y rápidamente aprobada por la mayoría.
El juez Fernando Muñoz, el único que votó en contra del archivo del caso, intenta expresar su posición crítica, pero es interrumpido en medio del revuelo. La sesión termina igual que empieza: entre gritos, tensión e indignación, sin que el caso avance legalmente.