En la densa selva amazónica de la frontera norte del Ecuador, una organización armada conocida como los Comandos de la Frontera (CDF) ha logrado consolidar una peligrosa presencia. Este grupo, originado como una disidencia de las antiguas FARC-EP tras el proceso de paz en Colombia, se ha reconfigurado como una estructura criminal con alto poder militar y logístico. Desde las provincias de Putumayo y Caquetá, en Colombia, han cruzado al territorio ecuatoriano especialmente a Sucumbíos y Orellana, estableciendo corredores estratégicos para el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. Su presencia en la Amazonía ecuatoriana es ya un hecho innegable que ha encendido alertas tanto en el gobierno nacional como en organizaciones internacionales de derechos humanos.
Los CDF operan con una estructura jerárquica armada, compuesta por exguerrilleros, sicarios y jóvenes reclutados, muchos de ellos ecuatorianos. Utilizan rutas fluviales como el río San Miguel y el río Putumayo para el transporte de droga y armamento, y han impuesto un régimen de control territorial en varias comunidades indígenas y campesinas. Además, los testimonios recabados por medios y ONG revelan que este grupo impone toques de queda, cobra “vacunas” o extorsiones a comerciantes locales, y obliga a comunidades a participar en sus operaciones ilegales. Su accionar es violento y sofisticado ya que portan fusiles de largo alcance, emplean drones para vigilancia, y han construido campamentos ocultos en la espesura selvática.
Uno de los elementos más preocupantes es la alianza de los Comandos de la Frontera con bandas criminales ecuatorianas como Los Choneros y Los Lobos, lo que ha permitido una expansión más acelerada dentro del territorio nacional. Esta cooperación ha facilitado el almacenamiento de droga en territorio ecuatoriano, su envío hacia puertos del Pacífico y la multiplicación de redes logísticas para el lavado de dinero. Asimismo, se ha denunciado que los CDF están involucrados en el tráfico de armas desde Colombia hacia Ecuador, abasteciendo a bandas locales en ciudades como Esmeraldas, Guayaquil y Quito. Esta convergencia del crimen organizado transnacional representa una amenaza directa a la seguridad interna del país y pone en entredicho la capacidad del Estado para ejercer control sobre su territorio amazónico.
Las comunidades más afectadas son, sin duda, las indígenas y campesinas que habitan en la zona de frontera. Estas poblaciones, han sido víctimas de desplazamientos forzados, amenazas de muerte, reclutamiento forzado y contaminación ambiental por actividades mineras ilegales. Organismos como la ONU y la CIDH han manifestado su preocupación por el riesgo de exterminio cultural que enfrentan pueblos como los Siona, Cofán y Secoya. Mientras tanto, el gobierno ecuatoriano ha reforzado la presencia militar en algunos puntos críticos, para acabar con en el grupo guerrilero. La Amazonía ecuatoriana, rica en biodiversidad y cultura, se ha convertido en un campo de batalla silencioso donde el crimen armado avanza a pasos agigantados.