La empresa argentina Pampa Energía S.A., expropietaria de la concesionaria del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), presentó un arbitraje internacional contra el Gobierno de Ecuador por un monto estimado de USD 100 millones, tras la reversión del control del ducto al Estado.
El reclamo fue interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial, luego de que el Ministerio de Energía asumiera la administración del OCP, considerado el principal tubo de transporte petrolero del país.
Pampa Energía adquirió la totalidad de las acciones de OCP Ecuador en agosto de 2024, pocos meses antes de que la concesión finalizara definitivamente en noviembre del mismo año. La operación del oleoducto originalmente debía culminar en enero de 2024, pero fue prorrogada debido a retrasos en el proceso de transferencia, a pesar de que la empresa había propuesto en julio de 2024 extender la concesión.
El Gobierno, sin embargo, justificó la decisión de retomar el control del OCP como una estrategia para fortalecer la soberanía energética del país y evitar nuevas concesiones que pudieran resultar perjudiciales para el Estado.
¿Qué exige Pampa Energía?
La empresa argentina exige la devolución de garantías financieras entregadas durante la operación del oleoducto. Según fuentes del sector petrolero, el Gobierno ecuatoriano ejecutó estas garantías con el fin de financiar reparaciones en ciertos tramos del ducto y cubrir daños ambientales causados por la erosión regresiva del río Coca, en la provincia de Napo.
Dichas fuentes aseguran que el Estado no estaría reconociendo la figura de fuerza mayor atribuida a este fenómeno natural, lo que permitió la ejecución de las garantías, generando el reclamo de compensación por parte de Pampa Energía.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Ministerio de Energía ni la empresa Pampa Energía S.A. han emitido pronunciamientos oficiales sobre el arbitraje. Radio Pichincha solicitó declaraciones a ambas entidades, así como a la nueva empresa pública Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A., creada para administrar el ducto, sin obtener respuesta.
Esta nueva empresa, encargada de la infraestructura del OCP, cuenta con un capital de USD 55 millones y es presidida por Jaime Bucheli Albán, exfuncionario de varias entidades estatales.