El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha puesto en marcha uno de los procesos más importantes del país: la selección del próximo Fiscal General del Estado, y de los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y Consejo Nacional de la Judicatura. Esta renovación institucional se produce tras la finalización del período de Diana Salazar en abril de 2025, y busca completarse en un plazo de hasta seis meses, según afirmó el presidente del organismo, Andrés Fantoni.
Fantoni, en declaraciones, señaló que la clave para cumplir con ese plazo será la aprobación de un nuevo reglamento que rige el funcionamiento de las comisiones de selección. Esta normativa permitiría acelerar los concursos públicos para cargos de alta responsabilidad, cuya transparencia y legitimidad se encuentran bajo constante escrutinio nacional e internacional.
En ese contexto, Gonzalo Albán, uno de los vocales del CPCCS, advirtió que el país debe recuperar la confianza ciudadana en estos procesos, ya que «sin legitimidad, corremos el riesgo de que no sean los perfiles más idóneos quienes se postulen para el cargo de fiscal general».
Mientras el CPCCS avanza con sus procesos, la Asamblea Nacional enfrenta bloqueos para cumplir con sus responsabilidades constitucionales. Este lunes 12 de mayo del 2025, no logró reunir los votos necesarios para aprobar una nueva terna destinada a la conformación del Consejo de la Judicatura, a pesar de la urgencia institucional.
La moción presentada por el asambleísta Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), solo consiguió 64 votos, principalmente del bloque de la Revolución Ciudadana (RC), insuficientes frente a los 70 requeridos. El oficialismo, representado por el movimiento ADN, votó en contra de la propuesta. Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, anunció que la sesión será retomada el martes 13 de mayo, justo antes de que se instale la nueva legislatura, con el objetivo de reconsiderar la votación y evitar un vacío institucional.
La terna presentada incluía a Iván Patricio Montero López, Yolanda Salgado Guerrón y Ángel René Romero Estévez. Sin embargo, su viabilidad se vio comprometida tras la renuncia de Pablo Renato Villagómez, quien formaba parte de una propuesta anterior enviada el 23 de abril.
Más allá del Fiscal General y los vocales del CNE, otros organismos fundamentales del Estado como el Consejo de la Judicatura siguen esperando que el Ejecutivo y la Asamblea presenten sus candidaturas. En contraste, instituciones como la Corte Nacional de Justicia y la propia Fiscalía ya han iniciado los procesos necesarios.
La falta de consensos políticos y las dificultades para completar los procesos de designación reflejan la crisis de institucionalidad que atraviesa el país, en un momento en que la ciudadanía exige mayor transparencia, eficiencia y resultados concretos.