El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha propuesto reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que incluyen penas de cárcel por pertenecer a bandas criminales, allanamientos y detenciones sin orden judicial. Estas medidas son similares al modelo que aplica Nayib Bukele en El Salvador. Aunque es una ley urgente en materia económica, el proyecto de Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, presentado por el presidente Daniel Noboa el 17 de mayo de 2025, es principalmente un paquete de reformas en materia penal. El objetivo de la iniciativa legal es crear un régimen jurídico especial que contemple medidas de carácter financiero y de seguridad, orientadas a la desarticulación integral de las economías criminales asociadas al conflicto armado interno.
Desde el 9 de enero de 2024, Ecuador atraviesa un conflicto armado interno, en el que una veintena de bandas criminales fueron declaradas terroristas y situadas como objetivos militares del Estado. Para su aplicación, el presidente ha recurrido a sucesivos estados de excepción. Sin embargo, la Corte Constitucional ha observado reiteradamente estas declaratorias, ya que este es un régimen excepcional. Por esta razón, ahora Noboa propone todo un régimen especial que se usará durante el conflicto armado, sin necesidad de firmar decretos de emergencia.
Las reformas, incluso, plantean la creación de una justicia específica. Si la ley se aprueba, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía tendrán 90 días para crear las unidades y formar a los nuevos jueces y fiscales especializados en conflicto armado interno. El proyecto de ley fue enviado a la nueva Asamblea Nacional, que fue elegida el 14 de mayo de 2025. Esta Asamblea, controlada por el partido de Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN), tiene una mayoría suficiente para aprobar la ley.
Las reformas penales propuestas por Noboa han sido recibidas con críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que las consideran como un paso hacia el autoritarismo. Sin embargo, el presidente defiende las reformas como necesarias para combatir la delincuencia y restaurar el orden en el país. La aprobación de estas reformas marcaría un giro significativo en la política de seguridad de Ecuador, acercando al país al modelo de seguridad implementado por Nayib Bukele en El Salvador.