El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, resolvió el 20 de mayo de 2025 rechazar la denuncia interpuesta por los dirigentes de Unidad Popular, Jorge Escala y Giovanny Atarihuana, quienes acusaban al presidente Daniel Noboa de haber cometido una infracción electoral durante la campaña previa a las elecciones generales de este año.
La acusación se centraba en un evento ocurrido el 5 de febrero de 2025, cuando el mandatario apareció en el balcón del Palacio de Carondelet y ofreció un discurso a simpatizantes reunidos en la Plaza Grande de Quito. Según los denunciantes, dicho acto constituía una forma de proselitismo, por lo que Noboa debía haber solicitado previamente una licencia, conforme lo estipula el artículo 93 del Código de la Democracia.
No obstante, el juez Viteri concluyó que Noboa no estaba obligado a pedir licencia, ya que su candidatura no correspondía a una reelección tradicional. La sentencia citó una interpretación previa de la Corte Constitucional que aclara que, tras haber sido electo en 2023 solo para completar el período presidencial 2021-2025 (tras la activación de la «muerte cruzada» por parte del expresidente Guillermo Lasso), su participación en los comicios de 2025 se considera una nueva postulación.
La resolución destaca que el presidente se encontraba ejerciendo constitucionalmente sus funciones y que, al postularse a la misma dignidad presidencial, no estaba sujeto a la exigencia de separación temporal del cargo. En ese sentido, la normativa electoral no se aplica en su caso como lo haría con otros funcionarios que buscan la reelección inmediata.
«El ahora denunciado, Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, no tenía la obligación de solicitar licencia como establece el artículo 93 del Código de la Democracia», establece el fallo. Esta decisión le permite continuar su mandato sin cuestionamientos jurídicos en este aspecto, a solo días de su posesión oficial para el nuevo período de gobierno 2025–2029.
El dictamen todavía puede ser apelado ante el Pleno del TCE, pero se considera una victoria jurídica para el presidente, quien recibió su credencial oficial de manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 15 de mayo. Diversos sectores políticos y ciudadanos han reaccionado a la decisión, algunos respaldando la independencia del órgano electoral, mientras que otros mantienen sus críticas sobre la supuesta utilización del poder desde el Ejecutivo en el marco de la campaña.