Este martes 27 de mayo del 2025, se llevará a cabo la audiencia en la que se revisarán las medidas cautelares impuestas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien desobedeció la orden de portar un grillete electrónico.
Con el apoyo de una nueva defensa legal, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volverá a insistir en su solicitud de no portar el dispositivo electrónico durante la audiencia del martes 27 de mayo de 2025, en con respecto al marco del caso Triple A, donde se lo investiga por la presunta comercialización ilegal de combustibles.
Durante la misma audiencia, y debido a la negativa del alcalde a cumplir con el uso del dispositivo, tres instituciones solicitarán su prisión preventiva: la Fiscalía de Guayas, la Agencia de Control de Hidrocarburos y la Empresa Pública Petroecuador.
Aquiles Álvarez asistirá a la siguiente audiencia clave, respaldado por un nuevo equipo legal, el cual fue designado como su defensa técnica la noche del 25 de mayo, apenas 48 horas antes del evento judicial.
Este cambio en su representación legal se dio tras la renuncia del abogado Diego Córdova, del estudio «Iustitia Ecuador», quien dejó el caso el miércoles 22 de mayo, argumentando que la Constitución determina que “nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito”.
“Renuncio y me niego de manera expresa a continuar con la defensa del señor Aquiles Alvarez, quien no estará en indefensión, ya que posee otra defensa técnica”, manifestó Córdova en su escrito, mencionando como motivo el “incumplimiento contractual de su cliente”.
Luego de esta dimisión, el alcalde designó al estudio jurídico García Falconí y Asociados, liderado por el abogado penalista y constitucionalista Ramiro García, como su nueva defensa para la audiencia de este martes, la cual fue convocada para revisar las medidas cautelares. Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, será el encargado de asumir la defensa de Álvarez en el caso Triple A, junto a las abogadas Estefany Alvear y Katherine Barona.
“Les autorizo para que presenten cualquier escrito en defensa de mis intereses, así como para que participen en todas las audiencias de esta causa”, enfatizó Alvarez, ante el juez Renán Andrade, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
En esta unidad judicial, ubicada en el cantón Quito (Pichincha), se ventila el llamado caso Triple A, donde están implicadas veinte personas, incluyendo al alcalde, cinco compañías vinculadas a él y a su entorno familiar, además de cuatro contadores y dueños de gasolineras ubicadas en zonas fronterizas.