En la mañana de este martes 27 de mayo del 2025, el abogado Ramiro García Falconí asumió oficialmente la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el controvertido caso Triple A relacionado con el tráfico de combustible. García, conocido por su postura crítica hacia el correísmo, reemplazó al antiguo equipo de defensa tras las recientes renuncias de los abogados anteriores, luego de que fueron amenazados. Durante la audiencia preliminar, denunció varias fallas procesales que comprometen la imparcialidad del juicio.
García cuestionó duramente la conducta del fiscal César Alarcón, responsable de la acusación, por haber iniciado la audiencia a pesar de que el caso estaba incompleto. Según el nuevo abogado defensor, el fiscal no solicitó la reprogramación de la fecha, a pesar de que existían más de 100 documentos sin numerar que no habían sido notificados a las partes involucradas, lo que constituiría una grave irregularidad en el avance del caso.
La audiencia comenzó poco antes de las 9:00 a. m., con la presencia de todo el equipo de defensa de los acusados, incluido el nuevo equipo liderado por García. Sin embargo, menos de una hora después, el juez Renán Andrade decidió suspender la sesión, alegando que existía información en los autos que aún no se había analizado adecuadamente. El juez también emitió una advertencia formal a la Fiscalía por no presentar el expediente físico completo al inicio de la audiencia.
Ramiro García aprovechó la oportunidad para anunciar que solicitaría nuevamente medidas cautelares para su cliente, incluyendo no detenerlo en prisión preventiva, reafirmando la intención de la defensa de garantizar todos los derechos legales de Aquiles Alvarez durante el proceso judicial. La actuación del nuevo abogado ya ha llamado la atención debido a la firmeza con la que expuso las fallas procesales, que podrían influir en el avance del caso.
La suspensión de la audiencia generó repercusiones inmediatas en los círculos políticos y jurídicos de Ecuador, ya que el caso Triple A es seguido de cerca por la opinión pública debido a su complejidad e implicaciones para la administración municipal de Guayaquil. La postura del juez y las críticas de la defensa ponen de relieve las dificultades para garantizar la transparencia del proceso.
La Fiscalía General del Estado aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las alegaciones realizadas por el abogado Ramiro García, pero la advertencia del juez y la interrupción de la audiencia indican que el caso tendrá nuevos capítulos en las próximas semanas, mientras las partes se preparan para reanudar el juicio con la documentación completa y las formalidades respetadas.