El bloque oficialista ADN, gestionó un trámite urgente para que la Fiscalía solicite a la jueza Daniella Camacho, la aplicación de una medida cautelar en contra de Esther Cuesta, por su presunta implicación en el caso Ligados.
Acción Democrática Nacional (ADN), la bancada oficialista, presentó un documento ante la Fiscalía General del Estado pidiendo, con carácter urgente, que se restrinja la salida del país de la exasambleísta Esther Cuesta, perteneciente al movimiento Revolución Ciudadana, debido a su supuesta vinculación con el caso Ligados.
La petición fue formalizada la tarde del miércoles 28 de mayo, amparándose en el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual otorga a la Fiscalía la facultad de realizar actos urgentes para proteger pruebas o evitar que se concrete un delito.
En este contexto, lo solicitado busca implementar como medida cautelar una prohibición para que Cuesta no abandone el país.
El legislador Andrés Castillo, portavoz de ADN, señaló que esta medida tiene como objetivo asegurar que Esther Cuesta comparezca ante la justicia, luego de que la Asamblea Nacional, el martes 27 de mayo, resolviera que no era procedente levantar su inmunidad parlamentaria, como había solicitado la jueza Daniella Camacho.
“Esther Cuesta dejó de ser asambleísta el 13 de mayo, por lo tanto, ya no tiene fuero. Nosotros estamos actuando dentro del marco legal para evitar que se repitan casos como el de (Augusto) Verduga, quien salió del país y dificultó el avance del proceso judicial”, manifestó Andrés Castillo.
Castillo aclaró que lo requerido no representa una orden de detención, sino una “medida precautelatoria” que busca evitar la posible evasión del proceso penal relacionado con el caso Ligados.
“No se trata de una persecución política. Estamos cumpliendo con la ley y respondiendo a la demanda ciudadana de luchar contra la corrupción”, agregó Andrés Castillo, asambleísta de ADN.
Caso Ligados
Esta solicitud se enmarca en la investigación del caso Ligados, una causa penal que lleva adelante la Fiscalía sobre una supuesta red de tráfico de influencias en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y otras instituciones públicas, presuntamente a favor del correísmo.
Esther Cuesta ya habría sido añadida al expediente judicial, lo que motivó que la jueza solicitara el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.
No obstante, el Pleno de la Asamblea determinó que, al haber terminado sus funciones, Cuesta ya no posee fuero legislativo, permitiendo que la Corte actúe directamente sin requerir autorización del Legislativo.
Con esta iniciativa, la bancada oficialista busca cerrar cualquier posible vía de escape antes de que se concrete un eventual llamamiento a juicio u otras acciones judiciales por parte de la Corte Nacional de Justicia.