Este lunes 2 de junio de 2025, el debut de Carolina Jaramillo como portavoz del gobierno desató una polémica política entre la militancia de Daniel Noboa, quienes acusaron al gobierno de reintroducir al correísmo en el poder. Jaramillo, politóloga y comunicadora estratégica, asumió el cargo con cinco anuncios importantes relacionados con la política energética y el sector minero. Sin embargo, sus conexiones pasadas y su aparente alineamiento ideológico generaron fuertes críticas entre las bases de Noboa, quienes compararon su nombramiento con incorporaciones controvertidas previas como Marcela Holguín, Fausto Jarrín y Ferdinan Álvarez.
Críticos en redes sociales y comentaristas políticos reaccionaron rápidamente a la designación de Jaramillo, alegando que el gobierno de Noboa está traicionando su postura anticorreísta al «reciclar» a antiguos aliados de Rafael Correa. Activistas tradicionales a favor de Daniel Noboa en X se convirtieron en tendencia por postear sus malestares, lo que amplificó las reacciones negativas. La reacción eclipsa los anuncios políticos de Jaramillo y pone de relieve las crecientes divisiones dentro del movimiento gobernante ADN. Varios simpatizantes destacados exigen claridad y exigen al presidente que explique sus recientes nombramientos.
«Yo solo estoy esperando que Noboa ponga a la inepta sinvergüenza Correana acérrima de Carolina Jaramillo como vocera presidencial para sacar mi top de Correanos en el gobierno de Noboa… y a mis seguidores les digo: no los voy a defraudar , mi voz no está en venta, no me callaran! , defiendo la libertad y no callaré estas cosas … esperenlo!», posteaba la activista pro-Noboa: @SoyBelenix.
A pesar de la controversia, Jaramillo presenta una serie de medidas económicas destinadas a racionalizar el gasto público y mejorar la transparencia. Una de las decisiones más destacadas es la eliminación del subsidio al diésel para la industria atunera, que actualmente consume 70 millones de dólares anuales. Las embarcaciones pesqueras artesanales están excluidas de este cambio, pero el gobierno argumenta que la reforma es necesaria dado que 29 grandes empresas atuneras absorben la mayor parte del beneficio.
Además, Jaramillo anuncia ajustes en las tarifas eléctricas para los usuarios de alta y media tensión, que ahora pagarán un precio más cercano al costo real de producción. Si bien las tarifas residenciales se mantienen sin cambios, los grandes consumidores, como industrias e instituciones, experimentarán aumentos significativos. El gobierno justifica esta medida como parte de una estrategia más amplia para lograr que los subsidios energéticos sean más equitativos y financieramente sostenibles.
La portavoz también confirma la reactivación del registro minero nacional de Ecuador, que ha permanecido cerrado desde 2018. El proceso comienza el 16 de junio con la pequeña minería no metálica, continúa en septiembre con la minería metálica y concluye a finales de 2025. Paralelamente, se implementará una nueva tasa de inspección en todas las escalas de la minería, lo que generará un estimado de USD 229 millones para mejorar la supervisión y el cumplimiento normativo.
Finalmente, Jaramillo revela que Petroecuador, Celec y Cnel serán auditadas por tres de las cuatro principales firmas auditoras del mundo, en lo que describe como un paso hacia la transparencia y la integridad institucional. Sin embargo, estos anuncios se ven eclipsados en gran medida por la reacción política en torno a su nombramiento, lo que marca un inicio turbulento en su cargo y expone las crecientes tensiones dentro de la coalición gobernante de Noboa.