Este jueves 5 de junio, se aprobó el informe de la ley de economías criminales, con votos tanto de ADN como de la Revolución Ciudadana. El próximo sábado, el proyecto será tratado en segundo y definitivo debate en el Pleno.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, aprobó este 5 de junio de 2025, el informe para segundo debate de la Ley urgente en materia económica, que tiene como propósito primordial combatir las economías criminales. Además, esta Ley es conocida como ‘ley de solidaridad nacional’.
Los votos salieron de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), pero también de David Arias, Mabel Méndez y Diego Salas, integrantes de la Revolución Ciudadana. Los legisladores correístas reconocieron que un gran número de las recomendaciones de esa agrupación política, fueron tomadas en cuenta y que el resto tendrá que ser debatido por el Pleno.
El legislador Sergio Peña, que votó con anterioridad a favor del informe para primer debate, lo que provocó su expulsión inmediata de la Revolución Ciudadana, apoyó nuevamente el documento que fue aprobado de forma unánime, lo que generó la algarabía del equipo de trabajo de la Comisión.
Con un lapso de un poco más de 4 horas, a la mesa legislativa le tomó procesar e incluir las recomendaciones que se hicieron en el Pleno en el primer debate, y los aportes que surgieron de última hora en la sesión. Gran parte de la propuesta que fue enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa, el pasado 19 de mayo, fue modificada por la Comisión de Desarrollo Económico.
Por su parte, la presidenta de esa mesa legislativa, Valentina Centeno, previo a la votación, explicó los cambios más recientes que se hizo a la propuesta:
· Un apartado enfocado en las medidas de protección y reparación integral dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad que viven en zonas afectadas por el crimen. Los ministerios del gabinete social deberán implementar programas preferenciales para quienes se encuentren en esta condición.
· Se establecen sanciones más severas para los delitos vinculados al tráfico de combustibles y cualquier clase de hidrocarburos.
· Se plantea un indulto diferido, lo que significa que el presidente podrá anunciar el indulto para policías y militares por sus actuaciones durante el conflicto interno, pero este seguirá el proceso legal y solo se hará efectivo una vez exista una sentencia.
· Se proponen acciones para depurar a la fuerza pública (Policía Nacional y Fuerzas Armadas) mediante evaluaciones patrimoniales y disciplinarias periódicas, realizadas cada seis meses.
También, Centeno enfatizó que, con respecto al caso del tráfico de combustible, la pena será de 22 a 25 años de cárcel, pero en caso contrario, si se llega a determinar que esos recursos fueron usados para financiar o favorecer a bandas criminales organizadas, la pena será aumentada, con un lapso de hasta 30 años.
Finalmente, una vez que el informe fue aprobado, Niels Olsen, presidente de la Asamblea, convocó al Pleno para el segundo y definitivo debate de este proyecto de Ley, que se desarrollará con modalidad presencial este sábado 7 de junio, a partir de las 19h00.