El 6 de junio de 2025, la Corte Nacional de Justicia del Ecuador aplazó la audiencia del exvicepresidente Jorge Glas en el caso de la Reconstrucción de Manabí, debido a la falta de la evaluación psiquiátrica necesaria para evaluar su idoneidad para el juicio. Esta decisión se produce cuando Glas está acusado, junto con otros ocho exfuncionarios, de malversar fondos públicos destinados a la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de 2016.
La defensa de Glas, encabezada por el abogado Andrés Villegas, sostiene que su cliente padece una enfermedad mental derivada de las difíciles condiciones de detención, en particular tras su controvertido arresto en la embajada de México en Quito en abril de 2024. Solicitan su traslado a un centro psiquiátrico, invocando el artículo 76 del Código Penal ecuatoriano, que estipula que las personas con trastornos mentales deben ser atendidas en centros especializados.
La Fiscalía, representada por el Fiscal General Wilson Toainga, presentó un escrito de acusación contra Glas y los demás acusados, señalándolos como autores directos del presunto desfalco de 367 millones de dólares. Los fondos, recaudados a través de la Ley de Solidaridad Post-Terremoto, presuntamente se destinaron a proyectos no prioritarios, algunos de los cuales beneficiaron a familiares de los acusados.
El juez Marco Aguirre rechazó las 17 solicitudes de nulidad presentadas por la defensa, validando así el proceso judicial. También ordenó a la fiscalía investigar las denuncias de tortura de Glas en relación con su arresto en la embajada de México.
Luisa González, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, denuncia persecución política contra Glas, afirmando que, de ser culpable, ya habría sido liberado legalmente. También critica la negligencia del gobierno actual en las provincias afectadas por el terremoto.
La próxima audiencia está programada para el 17 de junio de 2025. Hasta entonces, las autoridades deben completar una evaluación psiquiátrica de Glas y continuar investigando las denuncias de tortura. Este caso continúa generando debates sobre la justicia y la política en Ecuador.