La Asamblea ecuatoriana aprobó con los votos del oficialismo y aliados, una nueva tabla de drogas. Si se obtiene la aprobación de la Corte Constitucional y vía consulta popular, los umbrales que definen la posesión de sustancias para consumo personal se establecerán y actualizarán mediante una resolución conjunta entre los Ministerios de Salud, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura.
Esta iniciativa forma parte de la Ley de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio con 84 votos a favor en la Asamblea. El objetivo declarado es aclarar los criterios para distinguir entre consumo personal y tráfico, otorgando un papel central a las autoridades sanitarias y judiciales.
La eliminación de la tabla fija y su sustitución por un sistema evolutivo responde a la voluntad de ofrecer mayor flexibilidad a jueces y fiscales. La finalidad es evitar penas desproporcionadas por consumos menores de drogas, permitiendo al mismo tiempo una interpretación contextualizada.
Con este nuevo marco, Ecuador rompe con el enfoque binario previo —sentencia inmediata o laxitud— para adoptar un enfoque matizado basado en la cantidad e intención de las detenciones. La reforma también busca evitar que las redes criminales abusen del instrumento legal para su propio beneficio.
Al mismo tiempo, esta reforma refuerza el deseo de un diálogo renovado entre la salud, y el poder judicial para abordar el fenómeno del abuso de drogas. Se desarrolla junto con la Ley de Solidaridad Nacional, que incluye varias medidas diseñadas para restaurar la confianza en las instituciones públicas.
En definitiva, este cambio legislativo refleja la voluntad política de modernizar la respuesta de la justicia penal a las drogas, reemplazando los umbrales rígidos por una matriz adaptable. Sin embargo, desde la oposición, resaltando a miembros del correísmo, se denuncia que esto siempre se mantuvo y que tan solo quisieron materializar un show de propaganda política.