El presidente Daniel Noboa sancionó la Ley de Solidaridad, aprobada por la Asamblea Nacional, y el texto fue remitido al Registro Oficial.
La Ley de Solidaridad, aprobada el pasado sábado por la Asamblea Nacional con 84 votos a favor, comenzó a regir este martes 10 de junio de 2025, tras la sanción del presidente Daniel Noboa, quien no presentó observaciones al documento.
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, señaló que Noboa optó por no vetar parcialmente la ley, con el objetivo de que la normativa se aplique de forma inmediata.
“El mensaje es claro, esta ley tiene que aplicarse de manera inmediata”, afirmó de la Gasca, enfatizando que no hay tiempo que perder.
Respecto a las modificaciones introducidas por la Asamblea, el ministro explicó que se incorporaron las observaciones de diferentes bancadas, lo cual se reflejó en el respaldo de 84 legisladores.
A su juicio, los ajustes incluidos en la ley mantienen el propósito esencial de combatir las economías de los grupos criminales.
Aspectos clave de la Ley
Tabla de drogas
Uno de los temas controvertidos es el posible retorno de la tabla de drogas, que en su momento fue cuestionado por el presidente Daniel Noboa.
La Ley reemplaza el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), estableciendo “parámetros” para determinar el consumo personal de sustancias estupefacientes. Indica que dichos parámetros serán establecidos y actualizados “mediante una resolución conjunta” entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura.
Conflicto armado interno
El artículo 6 de esta ley define el alcance del Conflicto Armado Interno, señalando que este comienza “desde el inicio de las hostilidades”. Para efectos de aplicación, el presidente de la República deberá emitir el correspondiente Decreto Ejecutivo.
Allanamientos sin orden judicial
La Ley modifica el numeral 5 del artículo 482 del COIP, estableciendo que los allanamientos realizados por conflicto armado interno estarán sujetos a “control posterior del juez especializado” encargado de juzgar delitos relacionados con corrupción, crimen organizado y otros delitos.
“La institución encargada del allanamiento deberá presentar el informe respectivo en un plazo máximo de 24 horas tras la ejecución. El juez especializado verificará la legalidad de la actuación”, dispone la Ley.
Prisión preventiva e indultos
La Ley reforma el artículo 542 del COIP y dispone que, cuando la persona procesada sea un miembro activo de la Policía o las Fuerzas Armadas y el hecho investigado esté vinculado a sus funciones legales dentro del conflicto armado interno, no se aplicará prisión preventiva, arresto domiciliario ni uso de dispositivos electrónicos.
“En su lugar, el servidor policial o militar continuará desempeñando sus funciones en el lugar de trabajo asignado, y su jefe inmediato será responsable de reportar quincenalmente que el servidor permanece en territorio nacional”, establece la Ley.
Deducción tributaria
Asimismo, la Ley de Solidaridad modifica el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, indicando que los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía o las Fuerzas Armadas, en bienes inmuebles, equipamiento y suministros, podrán obtener una deducción en el impuesto a la renta causado del período fiscal equivalente al valor de la donación, con un límite del 30 % del impuesto causado.