El 10 de junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia con 77 votos a favor. La norma establece un marco legal para el Sistema Nacional de Inteligencia, compuesto por subsistemas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Aduana, SNAI, UAFE y Casa Militar Presidencial, entre otros. Su objetivo es prevenir y combatir amenazas a la seguridad del Estado.
Controversias y facultades otorgadas
La ley ha generado inquietudes debido a varios artículos que otorgan amplias facultades al Sistema de Inteligencia. El artículo 13 establece un fondo permanente de gastos especiales para operaciones de inteligencia y contrainteligencia, cuyos detalles serán clasificados y no estarán sujetos a las normativas del Sercop. Solo se conocerá el monto total asignado, mientras que las asignaciones individuales serán confidenciales. Además, el Contralor General del Estado será responsable de la auditoría trimestral de estos fondos, y la información será destruida tras su revisión, quedando únicamente las actas correspondientes.
Otro aspecto polémico es el artículo 14, que establece la rendición de cuentas anual ante la Asamblea Nacional, pero en sesiones reservadas, lo que limita el acceso público a la información sobre el uso de los recursos y las actividades realizadas.
Próximos pasos
La ley ahora está en manos del presidente Daniel Noboa, quien tiene la opción de aprobarla o vetarla total o parcialmente. La comunidad nacional e internacional espera que se mantenga un equilibrio entre la seguridad del Estado y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.