La trayectoria reciente de Ecuador evidencia una fragilidad estructural en los organismos de Inteligencia, los cuales no han logrado anticipar ni contener amenazas que comprometen la seguridad nacional y ciudadana.
Un hecho clave que expuso esta vulnerabilidad fue la operación Fénix ejecutada el 1 de marzo de 2008 por el gobierno colombiano, que bombardeó un campamento de las FARC situado en Sucumbíos, dejando 25 fallecidos. El ataque se efectuó en territorio ecuatoriano y el Ejecutivo se enteró únicamente porque Colombia lo comunicó oficialmente.
En reacción a esta crisis, el entonces presidente Rafael Correa emprendió en 2009 una reestructuración del Sistema Nacional de Inteligencia, que hasta entonces operaba de forma separada entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Fue así como se creó la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), con el objetivo de centralizar la información y fortalecer las capacidades del sector. Esta institución se mantuvo activa por nueve años.
Posteriormente, en 2018, el presidente Lenín Moreno decidió suprimir la Senain como parte de su política de austeridad, argumentando irregularidades en el manejo de fondos reservados (que representaban el 84% del presupuesto) y excesos en su funcionamiento. Sin embargo, la entidad fue transformada en el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), con la intención de rediseñar nuevamente el sistema. Esta institución es actualmente liderada por Michele Sensi-Contugi, amigo personal del presidente Daniel Noboa.
Ante el auge de la violencia y la creciente crisis de seguridad, el actual Gobierno propuso una nueva reforma al sistema de inteligencia. Ya reelecto, Daniel Noboa impulsó una nueva Ley de Inteligencia, que entró en vigencia el 11 de junio de 2025.
Dicha normativa ha generado fuertes cuestionamientos por otorgar amplias competencias al CIES y a los funcionarios del sistema, conformado por siete instituciones, incluidas las fuerzas del orden. En consecuencia, la ley ha sido objeto de una demanda por presunta inconstitucionalidad.
A pesar de los cambios normativos, es evidente que Ecuador aún no cuenta con una estructura de inteligencia eficaz que respalde a las fuerzas de seguridad en su labor de proteger a la ciudadanía y garantizar la soberanía nacional.
Un ejemplo reciente se vivió a inicios de junio, cuando un pelotón de 37 militares tuvo que retirarse tras un enfrentamiento imprevisto con un grupo armado de 210 hombres, supuestamente disidentes de las FARC, en Sucumbíos. Los agresores no solo los superaban en número, sino también en capacidad de fuego.
Angostura: la primera señal de alerta
El bombardeo en Angostura dejó al descubierto las graves deficiencias de los servicios de inteligencia ecuatorianos. A raíz del hecho, se conformó una comisión investigadora que detectó una grave desconexión entre el nivel político-estratégico y las agencias de inteligencia, además de conflictos institucionales entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El informe final identificó debilidades severas en la planificación, establecimiento de metas, y coordinación entre los entes de inteligencia, lo que derivó en acciones desarticuladas, duplicidad de esfuerzos e interferencias entre organismos.
También se constató la influencia significativa de la CIA en las operaciones de inteligencia ecuatorianas, así como una dependencia económica informal de recursos provenientes de Estados Unidos, especialmente en los sectores militares y policiales.
No obstante, la fundación de la Senain en junio de 2009 no logró remediar la situación. Poco más de un año después, el 30 de septiembre de 2010, estalló una revuelta policial que sorprendió nuevamente al gobierno y desencadenó un violento enfrentamiento entre las fuerzas armadas y agentes sublevados.
Pese a nuevas medidas correctivas, la Senain no consiguió consolidar un sistema efectivo, ni en términos humanos ni tecnológicos. La entidad falló en su objetivo de unificar los esfuerzos de inteligencia.
En enero de 2018, los atentados en la frontera norte (Esmeraldas) volvieron a mostrar la falta de integración y coordinación entre las fuentes de información. Desde entonces, la violencia se ha intensificado en el país, particularmente después de la pandemia de Covid-19.
La ineficacia en contener el avance del crimen organizado, sumada al desprestigio de la Senain —acusada de ser un instrumento de persecución política durante el correísmo—, motivó a Lenín Moreno a intentar un nuevo rediseño del sector. Así nació oficialmente el CIES, en septiembre de 2018, bajo el compromiso de replantear las actividades de inteligencia respetando los derechos humanos, como consta en el Plan Nacional de Inteligencia 2019–2030.
Ya bajo el mandato de Daniel Noboa, a finales de 2023, se anunció la creación de una agencia de inteligencia “real”, como parte del llamado Plan Fénix, que buscaba fortalecer las operaciones en los niveles táctico y operativo.
Sin embargo, esa intención fue rápidamente puesta a prueba entre el 8 y 9 de enero de 2024, cuando Ecuador vivió una ola de violencia sin precedentes. Durante esos días, se paralizaron múltiples ciudades y se produjo el secuestro de periodistas y personal del canal TC Televisión, hecho transmitido en vivo y que conmocionó al país.
A raíz de estos sucesos, el Gobierno declaró el conflicto armado interno, medida que aún se mantiene y que ha permitido justificar una serie de acciones como el incremento del IVA, reformas legales, cambios constitucionales y aumento del gasto en seguridad.