La organización no gubernamental de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), emitió una severa advertencia sobre las dos nuevas leyes de seguridad aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional de Ecuador, y firmadas por el presidente Daniel Noboa. Estas medidas, destinadas a fortalecer el poder del Estado, podrían socavar derechos constitucionales fundamentales. HRW destaca que el rápido proceso de aprobación omitió las salvaguardias necesarias en una democracia.
La primera ley, conocida como Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, otorga al presidente amplios poderes para declarar y reprimir lo que podría calificarse como un «conflicto armado interno». En tales circunstancias, las fuerzas de seguridad pueden usar fuerza letal incluso en situaciones de no combate, lo que contraviene las normas internacionales. La segunda, la Ley de Inteligencia, amplía las capacidades de vigilancia sin una supervisión transparente, lo que genera temores de un monitoreo sin control.
HRW critica ambas reformas legales por concentrar la autoridad en el poder Ejecutivo y, al mismo tiempo, erosionar los controles judiciales y legislativos. La organización enfatiza que este tipo de poderes puede conducir a abusos, especialmente en medio de campañas contra el crimen organizado. La aprobación acelerada, apenas dos semanas después de su introducción, se considera un indicio de un fallo procesal.
El contexto ecuatoriano de creciente violencia y preocupación por la seguridad ha generado una presión climática para endurecer las leyes. Sin embargo, HRW señala que este entorno no puede justificar el desmantelamiento de la separación de poderes ni la restricción de las libertades fundamentales. La organización advierte contra la normalización de medidas extraordinarias en tiempos de temor.
Grupos de la sociedad civil y expertos legales se hacen eco de la alarma de HRW y solicitan una revisión judicial. Una petición que impugna la constitucionalidad de la Ley de Solidaridad Nacional ya está siendo examinada por la Corte Constitucional. Los críticos afirman que, sin una supervisión legal adecuada, estas leyes podrían utilizarse para silenciar la disidencia.
A pesar de las garantías del Gobierno de que las leyes son necesarias para combatir la delincuencia, HRW subraya que las políticas de seguridad sin control corren el riesgo de exacerbar las fracturas sociales. La organización insta a las autoridades ecuatorianas a adoptar un enfoque equilibrado que fortalezca la seguridad pública y, al mismo tiempo, proteja la democracia y los derechos humanos.
Según se intensifica el debate, los observadores internacionales estarán atentos. El mensaje de Human Rights Watch, se resume en que Ecuador debe resistir la prisa por implementar medidas de emergencia y, en cambio, reforzar los controles institucionales para garantizar que tanto la seguridad como las libertades civiles se mantengan intactas.