En Guayaquil, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo la destrucción de armamento confiscado al crimen organizado. La operación se llevó a cabo en las instalaciones de una empresa siderúrgica situada en la ciudad de Guayaquil, donde se utilizaron los hornos industriales para fundir todo el armamento y material bélico.
Durante los primeros tres meses de 2025, las Fuerzas Armadas eliminaron más de 6 800 armas, municiones y accesorios que habían sido incautados en operativos realizados en el contexto del «conflicto armado interno» declarado en Ecuador por el presidente Daniel Noboa, en su lucha contra las bandas criminales.
La operación se llevó a cabo en las instalaciones de una empresa siderúrgica situada en la ciudad de Guayaquil, considerada uno de los principales focos de violencia. En ese lugar se utilizaron los hornos industriales para fundir todo el armamento y material bélico. Del total destruido, 1 051 eran armas de fuego letales, 147 armas no letales, 1 516 accesorios y más de 3 600 municiones mortíferas.
El evento contó con la presencia de distintas autoridades militares. Uno de ellos fue Marco Rocafuerte, director de logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien resaltó la labor del personal militar en la lucha contra el crimen organizado.
El Bloque de Seguridad de Ecuador, que está conformado por la Policía, las Fuerzas Armadas y los ministerios de Interior y Defensa, había determinado que estas armas no eran aptas para el uso operativo. Esto como parte de las acciones coordinadas en el marco del llamado conflicto armado interno.
Una reforma legal aprobada tras el referéndum de 2024 permite que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas se doten de armamento incautado a organizaciones delictivas. Sin embargo, en este caso, las unidades responsables decidieron no utilizar ese material debido a que no cumplía con los requisitos necesarios para entrenamiento o despliegue operativo. La ley de control de armas, vigente desde octubre de 2024, autoriza a las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad del Estado a recibir armamento decomisado a grupos criminales.
No obstante, un portavoz militar aclaró que, para ello, las armas deben reunir “ciertas características en calibre y cadencia de tiro”, y que tras una revisión técnica, solo el equipo que cumple con estas condiciones es entregado a los profesionales encargados de la seguridad.
Aproximadamente un 30 % del material incautado ha sido destinado a las unidades policiales y militares, mientras que el 70 % restante fue descartado por estar “obsoleto” o presentar “deficiencias”, según indicó Rocafuerte. En total, las Fuerzas Armadas de Ecuador han destruido cerca de 32 000 armas pertenecientes a bandas delictivas en los últimos cinco años.
Finalmente, desde principios de 2024, el presidente Noboa elevó la lucha contra estas organizaciones a la categoría de “conflicto armado interno”, lo que implicó declarar a estas agrupaciones como grupos terroristas y establecer un estado de excepción, mediante el cual, entre otras medidas, se procedió a militarizar las cárceles controladas por estos grupos.