En el cantón de Las Naves, provincia de Bolívar, aproximadamente 500 agentes de la UMO y el GIR acordonaron la parroquia La Unión, iniciando lo que el Frente Nacional Antiminero describe como un desalojo forzado. Familias locales se han resistido a las actividades extractivas de Curimining S.A. durante más de un mes, alegando graves daños ambientales y sociales.
Testigos presenciales informan que los agentes, siguiendo las instrucciones tanto de Curimining como del Gobierno del presidente Daniel Noboa, están lanzando gases lacrimógenos y desmantelando por la fuerza sus tiendas de campaña y casas. Publicaciones gráficas en redes sociales muestran heridos entre hombres, mujeres e incluso niños, a medida que se intensifican los enfrentamientos. Los manifestantes alegan que las operaciones de la concesión minera han contaminado fuentes de agua, devastado tierras de cultivo y socavado sus medios de vida.
Su bloqueo ha impedido el acceso a Curimining desde finales de mayo, atrayendo la atención de grupos de derechos indígenas y ambientalistas. Videos compartidos en plataformas como X y TikTok muestran a agentes fuertemente armados con equipo antidisturbios irrumpiendo en los campamentos de protesta. En los vídeos se pueden escuchar disparos, y a miembros de la comunidad gritando que están protegiendo sus tierras, mientras otros llevan a sus compañeros heridos a un lugar seguro.
Organizaciones de derechos humanos, incluida el Frente Nacional Antiminero, han denunciado el desalojo como una respuesta militarizada excesiva. Argumentan que criminalizar la protesta pacífica corre el riesgo de repetir abusos pasados bajo la legislación antiterrorista. El Gobierno presenta la operación como una forma de hacer cumplir la extracción minera, que de acuerdo a los denunciantes, la familia Noboa es parte accionista de la empresa involucrada.
Sin embargo, los críticos condenan la falta de consulta comunitaria y cuestionan la pertinencia de desplegar una fuerza de seguridad tan numerosa contra civiles desarmados. A medida que se desarrolla la operación el 24 de junio de 2025, la opinión pública advierte que la confrontación podría generar rechazo nacional e internacional. El destino de Las Naves simboliza ahora la profundización de la lucha en torno a las políticas extractivas, la autoridad estatal y la resistencia popular en Ecuador.