Este martes 24 de junio, el bloque correísta en la Comisión de Garantías Constitucionales reivindica su deber de auditar los contratos con las empresas energéticas Progen y ATM, después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) con mayoría del partido gobernante, bloqueara sus iniciativas. Insisten en que una verdadera rendición de cuentas requiere de una revisión independiente, y no de maniobras políticas.
El asambleísta Lenin Barreto, y su compañero de bancada Jaime Estrada, enfatizan que la reciente decisión de Celec de cancelar los contratos con Progen, debido a presuntos incumplimientos, subraya la necesidad de un examen exhaustivo. Consideran una falta de cumplimiento del deber si la comisión designada descuida esta responsabilidad.
La Comisión de Garantías, respaldada por el correísmo, argumenta que la confianza ciudadana depende de la transparencia, especialmente en los contratos energéticos de emergencia que ya están bajo escrutinio.
Afirman que eludir su revisión equivaldría a encubrir posibles irregularidades. Mientras tanto, el CAL, liderado por el Gobierno y presidido por ADN, cuestiona la autoridad del correísmo, alegando control exclusivo sobre la auditoría con base en la resolución de la CAL. Los legisladores correístas argumentan que esto es una interpretación errónea de la ley, cuyo objetivo es evadir un escrutinio detallado.
El conflicto se intensifica a medida que el correísmo advierte que excluirlos pone en peligro la supervisión pública. Argumentan que los contratos —adjudicados en agosto de 2024 para generadores de emergencia en Quevedo y Salitral— no deberían ser auditados por un comité partidista, sino por uno con legitimidad cívica.
Asambleístas del Gobierno, incluida Diana Jácome, defienden su postura, afirmando que las normas legislativas les otorgan jurisdicción exclusiva. El correísmo contraataca, calificando esto como una maniobra tecnocrática para proteger al gobierno de Noboa de cuestionamientos más profundos.
Según se desarrolla el debate, el correísmo se dispone a buscar vías paralelas —presentando sus conclusiones al Fiscal General y al Contralor— para garantizar que este importante desacuerdo se convierta en una prueba de fuego para la supervisión democrática y el equilibrio institucional en Ecuador.