El 24 de junio de 2025, Fernando Muñoz Benítez dimite de su cargo como juez principal del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador, alegando que su período constitucional ya finalizó. Sin embargo, se puede deducir también su alivio ante la creciente interferencia política y presión del Gobierno. Entregó su carta de renuncia al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), denunciando, no sin antes denunciar el uso de acciones legales como instrumentos de represalia política.
Muñoz destaca que su mandato de seis años, iniciado en 2019, finalizó oficialmente en mayo, y que los jueces se encuentran actualmente en funciones prorrogadas debido a un proceso de reemplazo estancado. Su salida allana el camino para que Richard González, actual juez suplente, asuma plenas responsabilidades.
Revela que, a lo largo de su mandato, enfrentó múltiples impugnaciones legales, incluyendo causas penales, denuncias, recursos constitucionales y una iniciativa de destitución política. Muñoz argumenta que estas no fueron consecuencias de sus fallos, sino herramientas para intimidar a los miembros independientes del poder judicial. En su carta al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, Muñoz enfatiza que estas acciones reflejan una tendencia preocupante: fuerzas políticas manipulan los mecanismos de supervisión para socavar la autonomía judicial.
El juez deja la institución reafirmando su compromiso con la imparcialidad y la independencia, afirmando que se va con la conciencia tranquila y celebrando el papel esencial de los jueces electorales en la salvaguardia de la integridad democrática.
Su renuncia refuerza el debate institucional en curso, ya cargado de demandas interpuestas por el presidente Daniel Noboa, quien acusa a Muñoz de fallas procesales e infracciones legales, en el último intento del Gobierno por controlar las operaciones electorales.
Con la salida de Muñoz, el TCE se enfrenta a una nueva polémica, ya que los funcionarios públicos discuten sobre el ritmo de los nombramientos judiciales. Los observadores advierten que estas luchas de poder podrían amenazar la confianza pública en las instituciones electorales ecuatorianas, tan solo unos meses después de la reelección del presidente Noboa.