La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció que interpondrá el lunes 30 de junio una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Integridad Pública, aduciendo que varias de sus disposiciones vulneran derechos fundamentales.
Primero, cuestionará el aumento de la edad mínima para la jubilación voluntaria, que sube de 60 a 65 años y porque se eliminan garantías laborales previstas en la LOSEP (Ley Orgánica de Servicio Público). Además, denunciará la penalización de menores y el debilitamiento del sistema judicial y de los mecanismos de control del Estado
Andrés Quishpe, dirigente de la UNE, argumenta que la reforma afecta a miles de servidores y educadores, pues restringe compensaciones económicas —hasta 150 salarios básicos— a quienes cumplían los requisitos antes de la entrada en vigor
Por su parte, sindicatos como CEOSL (Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres) también anunciarán que acudirán a la Corte Constitucional, alegando que la ley contiene múltiples temas no relacionados y viola el principio de unidad de materia
El mismo 26 de junio, la norma fue publicada en el Registro Oficial, confirmando su vigencia inmediata e incluyendo reformas en más de veinte cuerpos legales, con cambios polémicos en justicia juvenil, servicio público y evaluaciones quinquenales.
Human Rights Watch informalmente advierte que la ley pone en riesgo los derechos de los niños, al endurecer penas para adolescentes sin mecanismos adecuados de protección. La acción constitucional que presentará la UNE el lunes, marcará el inicio de un enfrentamiento jurídico y político en el que reclamos sociales, gremiales y académicos exigirán mayor participación y defensa de derechos laborales y civiles frente a las reformas aprobadas.