El Frente Nacional Antiminero hizo públicos los presuntos vínculos entre las transnacionales Salazar Resources y Silver Corp, socias de Curimining, con el grupo económico de la familia del presidente Daniel Noboa. Según denunció la organización, estos intereses estarían detrás de las recientes intervenciones policiales en el cantón Las Naves, donde campesinos intentaron frenar las operaciones del proyecto El Domo–Curipamba.
Durante una asamblea abierta, los integrantes del Frente señalaron que la empresaria Isabel Noboa, tía del presidente, mantendría inversiones en zonas extractivas como Quilamba y la Cordillera del Cóndor, lo cual, a su criterio, evidencia un conflicto de intereses en la ejecución de políticas públicas que favorecen al sector minero.
El colectivo social difundió imágenes, videos y testimonios que documentan el operativo policial del pasado martes, que dejó al menos dos personas heridas. Diversas organizaciones indígenas, ecologistas y sindicales han mostrado su respaldo a la comunidad afectada, entre ellas la CONAIE y la FECAOL.
Asimismo, técnicos ambientalistas presentaron informes que advierten sobre la ausencia de consulta previa y la falta de estudios de impacto ambiental válidos, lo cual —afirman— pone en duda la legalidad de las concesiones entregadas para el proyecto Curipamba.
Organizaciones internacionales como MiningWatch Canada también expresaron su solidaridad con la población de Las Naves, rechazando la militarización del territorio y el uso de la fuerza como mecanismo de imposición. Para estos grupos, el caso refleja una preocupante tendencia regional de represión contra defensores ambientales.
Juristas especializados en derecho colectivo advirtieron que los hechos podrían configurar una grave interferencia política y empresarial sobre territorios campesinos, afectando derechos constitucionales. Solicitaron que se garantice la seguridad jurídica y física de quienes resisten la expansión extractiva.
Finalmente, el Frente Nacional Antiminero exigió el retiro inmediato de las fuerzas del orden, la suspensión de las operaciones mineras y la apertura de un mecanismo de protección internacional para las comunidades de Las Naves, que —según afirmaron— enfrentan criminalización por defender el agua, la tierra y la vida.