Un operativo discreto durante el último fin de semana terminó con el traslado de 26 internos desde tres penitenciarías de Guayaquil hacia centros de reclusión en otras provincias. La medida fue impulsada tras detectar que varios de ellos continuaban coordinando delitos graves desde prisión, entre ellos extorsiones y secuestros.
Según fuentes vinculadas a la intervención, las órdenes surgieron luego de interceptaciones y seguimientos que demostraron que, a pesar del encierro, algunos reos mantenían comunicación directa con organizaciones criminales que operan fuera de las cárceles. El uso de teléfonos celulares, intermediarios y hasta redes sociales fueron parte de los mecanismos utilizados.
Las autoridades evitaron revelar los nombres de los reubicados y los destinos a los que fueron enviados, como parte de una estrategia para evitar represalias o intentos de fuga. No obstante, se confirmó que entre los trasladados hay individuos con antecedentes por delitos violentos y vínculos con bandas estructuradas.
Esta acción ocurre en medio de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno para retomar el control del sistema penitenciario, que en los últimos años se convirtió en foco de violencia, corrupción y poder paralelo. La recaptura reciente de alias Fito y su confinamiento en La Roca marcó el inicio de una nueva fase en esa política de intervención.
El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que estas acciones no se limitarán a traslados, sino que forman parte de una hoja de ruta extensa, que incluye la depuración interna del personal penitenciario, la incorporación de agentes retirados con formación militar, y la implementación de tecnología de vigilancia.
Sin embargo, especialistas en justicia advierten que sin atacar las causas de fondo, como el hacinamiento extremo, la falta de reinserción efectiva y la precariedad institucional, estos operativos podrían tener efecto limitado. También alertan sobre posibles violaciones a derechos humanos si no hay supervisión adecuada.
A pesar de las críticas, el Gobierno ratificó su compromiso de actuar con firmeza frente al crimen organizado, que ha extendido su alcance incluso dentro de las cárceles. Este traslado, aseguran, es solo uno de varios pasos para desmontar las redes de poder criminal que siguen operando bajo custodia estatal.