El presidente Daniel Noboa ha impulsado cambios importantes en el sector público con la aprobación de la Ley de Integridad Pública, publicada el 26 de junio de 2025. Esta ley establece evaluaciones de desempeño semestrales para los servidores públicos, lo que ha generado preocupación entre varios sindicatos y gremios laborales.
La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, argumentando que viola el principio de unidad de materia al incluir varios temas en un solo cuerpo legal. Además, la ley deroga el artículo 89 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que garantizaba la estabilidad laboral de los funcionarios de carrera, permitiendo ahora despidos basados en evaluaciones negativas.
Por otro lado, la Federación Médica Ecuatoriana expresó su malestar por la falta de consulta previa durante la elaboración de la ley y advirtió que esta podría facilitar despidos arbitrarios en el sector salud. Los profesionales de este sector consideran la posibilidad de realizar movilizaciones y recurrir a acciones legales para impugnar la normativa.
Aunque enfrenta críticas, el gobierno defiende la ley como una medida para mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración pública, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La aplicación de esta normativa representa un avance hacia una gestión pública más estricta y orientada a resultados.