La Asamblea Nacional se prepara para designar una nueva terna que será enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), con el fin de continuar el proceso de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura para el período 2025-2031. Esta decisión se adoptará en la sesión plenaria convocada para el martes 8 de julio, a las 17:00.
Este procedimiento no es nuevo. El Legislativo ya había remitido una terna el pasado 13 de mayo, bajo la administración de la expresidenta del Parlamento, Viviana Veloz. Sin embargo, la actual mayoría legislativa, liderada por el bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, anuló dicha resolución el 5 de junio de 2025, alegando la necesidad de un nuevo proceso.
La terna original fue presentada por el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Otto Vera, e incluía a Iván Montero, Yolanda Salgado y Ángel Romero como postulantes. Tras la revocatoria, el Parlamento se encamina a enviar una nueva lista de aspirantes, que con toda probabilidad será promovida y respaldada por la bancada oficialista.
Este accionar ha generado preocupación en algunos sectores políticos y jurídicos. Legisladores de oposición y analistas legales han advertido que revertir una decisión adoptada formalmente en el Pleno sienta un precedente riesgoso. Según sostienen, abriría la puerta a que resoluciones válidas y legalmente aprobadas por la Asamblea puedan ser anuladas en futuras administraciones, bajo criterios políticos y sin mayor justificación jurídica.
Expertos en derecho constitucional han señalado que la remoción de la primera terna podría contradecir los principios de legalidad y seguridad jurídica. Además, remarcan que la interferencia política en procesos institucionales como la designación de autoridades judiciales podría afectar la independencia y estabilidad de los órganos de control.
La nueva terna que se presentará el 8 de julio marcará el rumbo del proceso de elección en el Cpccs, organismo encargado de definir a los vocales del Consejo de la Judicatura, entidad clave en la administración de justicia en el país. El debate sobre la legalidad y legitimidad de estas actuaciones continuará generando cuestionamientos dentro y fuera del Parlamento.