El Ministerio de Educación de Ecuador anunció la suspensión temporal de los procesos de jubilación voluntaria para docentes y personal administrativo menores de 65 años, especialmente en las regiones Sierra y Amazonía. Esta medida se basa en la reciente Ley de Integridad Pública, que modifica la Ley Orgánica de Servicio Público y establece que, para acceder a la compensación por jubilación voluntaria, los servidores públicos deben tener al menos 65 años.
La suspensión fue comunicada mediante una circular emitida el 2 de julio de 2025, pero debido a las críticas recibidas, el Ministerio decidió revertirla el 4 de julio, permitiendo que las solicitudes de jubilación voluntaria continúen siendo aceptadas.
El Ministerio recordó que el Estado está obligado a otorgar la jubilación a los docentes de 70 años o más, o que presenten enfermedades que les impidan trabajar. Estos casos serán gestionados automáticamente a través del sistema de información ministerial.
La medida generó preocupación en el sector educativo, y la Unión Nacional de Educadores convocó a una movilización para el 11 de julio de 2025, alegando que la nueva ley afecta el derecho al incentivo económico para la jubilación voluntaria. El Ministerio aseguró que la suspensión no vulnera derechos, pues las jubilaciones obligatorias se mantendrán y se ajustarán a la disponibilidad presupuestaria y las condiciones económicas del país.