Este jueves 10 de julio, a las 14:00, el Pleno de la Asamblea Nacional llevará a cabo el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, que fue calificado como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa. La propuesta contempla reformas que permitirían la participación del sector privado en la administración de estas zonas, además de la creación de una empresa pública (SNAP EP) encargada de su gestión.
El proyecto plantea tres posibles formas de administración: directa por parte del Estado, mediante contratos con operadores privados, o a través de modelos comunitarios. El objetivo es enfrentar problemáticas como la minería ilegal, la tala indiscriminada y la caza furtiva. También se contempla la conformación de un fideicomiso público, financiado con donaciones y otros aportes, así como el refuerzo de la vigilancia con presencia policial y militar.
Sin embargo, organizaciones indígenas, colectivos ambientalistas y guardaparques han expresado su preocupación por lo que consideran una posible “privatización encubierta” de los territorios. Además, denuncian que el proyecto no respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas. Estos sectores han pedido a la Asamblea que suspenda el trámite urgente de la ley e incorpore mecanismos de participación más inclusivos.